La fuerza uribista cada día se ve diezmada. Sus principales líderes, los más cercanos amigos del expresidente Álvaro Uribe, tienen procesos judiciales, varios de ellos ya condenados y otros en la mira.
El anillo de confianza del exmadatario que están en líos con la justicia están divididos en dos bloques: Los ya condenados y los que aún están vinculados en procesos penales en los altos tribunales. Todo ellos han sido, o funcionarios o congresistas, en las dos gobiernos (2002-2010).
Sin duda, la situación que atraviesa el uribismo es crítica y tiene a empeorar. Aunque el proceso 8.000 y la ‘parapolítica’ fueron dos ejemplos en los cuales hubo condenas contra algunos integrantes de la clase política criolla, en este caso se trata de seguidores de una misma tendencia política.
Los condenados
En el primer bloque, están los exdirectores del DAS, Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado, hallados responsables, el primero por nexos con el paramilitarismo y la segunda por las chuzadas ilegales. Noguera paga 25 años de cárcel y Hurtado condenada a 14 años de pena.
En igual situación judicial está Bernardo Moreno, también exsecretario de Presidencia de Uribe, responsable de las ‘chuzadas’, quien fue condenado a ocho años de cárcel.
Otro destacado exministro de esa época condenado es Andrés Felipe Arias, prófugo de la justicia. Arias fue sentenciado a 17 años por delitos relacionados con Agro Ingreso Seguro (AIS).
También hace parte de este grupo, el excongresista Mario Uribe, primo del expresidente Uribe, condenado por el alto tribunal a siete años y seis meses de cárcel por nexos con Salvatore Mancuso.
El exministro Luis Guillermo Giraldo, quien promovió la segunda reelección presidencial de Uribe, y el exjefe de seguridad de Uribe, general (r) Flavio Buitrago; fueron condenados a cuatro años de cárcel.
El general Mauricio Santoyo, edecán de Uribe, confesó apoyo a paramilitares y paga una pena de 13 años en Estados Unidos.
Los últimos protagonistas con condena fueron los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio –sentenciados por la Corte Suprema a 6 años y 8 meses de prisión– y el exsecretario de Presidencia Alberto Velásquez, quien paga cinco años de cárcel. Los tres fueron sentenciados por haber “corrompido” congresistas –como Yidis Medina– para conseguir la aprobación de la reelección presidencial.
En proceso judicial
En este segundo bloque lo encabeza el actual director del Centro Democrático y excandidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga, contra quien hay una causa penal por su presunta participación en el intento para sabotear el proceso de paz que hizo el hacker Andrés Sepúlveda.
Zuluaga acaba de salir del país, tras ser informado por fuentes extraoficiales que será ordenada su captura en las próximas horas.
Dentro de ese proceso y en la misma situación está el exasesor espiritual de la campaña presidencial de Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, quien salió del país.
Parte del sanedrín de Uribe en Palacio también tiene embrollos con la ley. Estos son los casos de Edmundo del Castillo, exasesor jurídico de Presidencia; César Mauricio Velásquez, exsecretario de prensa, y José Obdulio Gaviria, exasesor de presidencia.
Luis Carlos Restrepo, excomisionado de Paz, enfrenta juicio por la falsa desmovilización del bloque Cacica la Gaitana y también está fuera del país.
El hermano del expresidente, Santiago Uribe, fue capturado por el CTI de la Fiscalía el pasado 29 de febrero en Medellín, señalado de crear el grupo paramilitar los “12 apóstoles”.
Los hijos del hoy senador Uribe, Tomás y Jeróniomo, vienen siendo procesados por la Fiscalía General por presuntos vinculados con ‘El Zar de la Chatarra’.
¿Justicia o Persecución?
Para algunos uribistas esta embestida de la justicia es una persecución que ha emprendido el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en su contra.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez entregó los primeros nombres de quienes, en la Presidencia de la República, estaría detrás de la persecución a su familia y al Centro Democrático. Uribe dijo que detrás del tema está el secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, alguien que tiene en su nómina a familiares del vicefiscal Jorge Fernando Perdomo.
Según él, a sus hijos quieren vincularlos ilegalmente al caso de James Francisco Arias, conocido como ‘El Zar de la Chatarra’. Insistió además que existe una persecución judicial en contra de los integrantes del Centro Democrático y contra su familia.
El senador Alfredo Rangel sostiene que estas condenas y estos procesos son “el ensañamiento de sectores muy politizados, que tienen un plan de persecución contra el Centro Democrático”.
Para Felipe Cárdenas, académico de la Universidad de la Sabana, las condenas son una demostración de que la justicia “no es para los de ruana”.
El analista Hernán Olano cree que no se trata de una persecución porque los hechos denunciados son “evidentes” para la justicia. “El inconveniente está en la demora de la administración de justicia en tomar cartas en el asunto. Ahora, cuando hay grandes tensiones entre Uribe y Santos, se piensa que es una persecución, pero la culpable es la justicia porque parece un ajuste de cuentas y una retaliación de corte político”, agregó.
