La Unión Patriótica nació en 1984 como resultado de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc. Fue la fórmula para consolidar un proceso de paz y a la vez para que el movimiento guerrillero optara por una salida política al conflicto armado. Sin embargo, el experimento terminó con el exterminio físico y político del movimiento, unos asesinados, otros exiliados y amenazados, y dos décadas más de violencia en Colombia.
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| La Unión Patriotica fue exterminada en la década de los noventa. Foto Semana. |
La UP ha sido la única oportunidad que ha tenido las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de hacer política. En su momento cumbre, este partido político logró elegir 16 alcaldes y 256 concejales, y eligió 16 representantes al Congreso de Colombia. Sin embargo, en dos décadas de ejercicio político más de 3 mil de sus militantes fueron asesinados, entre ellos dos candidatos presidenciales y 13 parlamentarios.
Varios factores conspiraron para que el proceso de la UP no fuera exitoso. Por un lado, varios sectores del establecimiento (políticos y militares) así como empresarios y ganaderos nunca creyeron en la real voluntad política de la guerrilla y vieron al nuevo partido como una extensión de la lucha armada.
El general Landeazabal Reyes en una entrevista concedida en 1989 al órgano de prensa paramilitar Resumen Gráfico sostenía que “las legítimas defensas campesinas” se sustentaba en la idea de que “El pueblo forma parte del Ejército, es el que lo nutre”1….
En 1989, el Teniente Coronel Luis Arcenio Bohórquez fue llamado a calificar servicios e hizo pública una carta que le enviaba al ministerio de defensa, en el cual revelaba la existencia en el seno de las Fuerzas Militares de grupos paramilitares apoyados y/o creados por el Ejército, como el MAS (Muerte a Secuestradores), el MRN (Muerte a Revolucionarios del Nordeste, donde militó Fidel Castaño a principios de los 80) y la Triple A (Alianza Americana Anticomunista, coordina por el general Harold Bedoya). Las operaciones encubiertas fueron coordinadas por los departamentos de inteligencia militares (D-2) y (E-2), y por la XX Brigada2.
Por otra parte, un sector de las FARC, encabezado por Jacobo Arenas, usó al movimiento en la llamada combinación de todas las formas de lucha, lo que convirtió a la UP en un blanco de los francotiradores.
En el medio de todo esto, se encontró un movimiento que acogió militantes de izquierda, guerrilleros, sindicalistas, profesores e intelectuales, unos que creían con convicción en la democracia como salida al conflicto armado; pero en el que también estaban otros que lo utilizaron como una herramienta de todas las formas de lucha, como lo asegura el estadounidense Steven Dudley en su libro Armas y urnas – Historia de un genocidio político (Walking Ghost en inglés).
“Las FARC utilizan su exterminio para justificar la guerra, mientras que los paramilitares la señalan como un ejemplo del engaño de la guerrilla, y quienes están en el medio la ven como una razón más por la cual la paz es todavía una realidad lejana”, escribe Dudley.
El experimento de la Unión Patriótica dejó varias frustraciones y consecuencias. La guerrilla se rearmó y aumentó su desconfianza frente a nuevas negociaciones con los sucesivos gobiernos en Colombia; el paramilitarismo – que en la década de los 80 eran simples escuadrones- se convirtió en un monstruo de mil cabezas que generó más violencia y colaboró –nefastamente- en el exterminio injustificado de miles de militantes de la UP.
Al final de este capítulo, el conflicto armado en Colombia se intensificó con tres décadas más de violencia y sangre.
Historia de balas y votos
Belisario Betancur fue elegido en 1982 con el mandato de lograr la paz con los movimientos guerrilleros.
En ese momento de la historia política de Colombia, la incapacidad del estado de combatir a la insurgencia propició el surgimiento de grupos de extrema derecha financiados por ganaderos, comerciantes, parte del estamento político y un sector de las Fuerzas Militares para combatir el creciente accionar de la guerrilla, que se traducía en un orden público deteriorado por los secuestros, asesinatos y extorsiones, en zonas como el Urabá, Magdalena Medio y los Llanos Orientales.
En estas zonas, explica Iván Cepeda, hijo del asesinado Manuel Cepeda y hoy director del Movimiento de Víctimas del Estado y Paramilitares, “había unos enclaves económicos importantes, cada región tiene intereses muy grandes; además había tejidos sociales muy fuertes, con tradición de resistencia, con organizaciones sindicales estructuradas, pero al mismo tiempo en esas regiones había presencia guerrilleras.”
Allí, la UP comenzó a hacer política y se convirtieron en sus fortines políticos. Dudley señala en su libro que los enemigos del proceso no se detuvieron a escuchar la plataforma de la UP ni se preocuparon por comprender sus motivos, simplemente igualaron a la UP con las FARC.
Las AUC del Magdalena Medio nacen en Puerto Boyacá, un municipio azotado por la guerrilla y en donde la Unión Patriótica comenzaría a organizar su proyecto político, allí comenzarían los ataques contra los militantes del nuevo partido de izquierda.
En 1983 un informe de Amnistía Internacional, citado por Dudley, establece que más de 800 ejecuciones extrajudiciales se habían llevado a cabo en el Magdalena Medio. Los militares reconocieron que los paramilitares habían asesinado unas 459 personas, en lo que atribuyó a una lucha de “subversión contra subversión”.
El país venía de un período convulsionado del gobierno del presidente liberal Julio César Turbay Ayala, quien aplicó con mano de hierro la política de seguridad nacional; por lo que la elección del conservador Belisario Betancur fue la respuesta del electorado de darle un cambio de rumbo a la forma de cómo se enfrentaba la solución del conflicto armado en Colombia.
Los acuerdos de la Uribe fueron por tanto una ilusión para los colombianos, que esperaban una salida política negociada al conflicto. Como resultado de los acuerdos, gobierno y guerrilla pactaron un cese al fuego, en el que el gobierno garantizaba un espacio político a las FARC. Bajo este paraguas nació la Unión Patriótica.
Las FARC a su turno se comprometieron a condenar y desautorizar “el secuestro, la extorsión y el terrorismo en todas sus formas”; sin embargo, nunca renunciarían a las armas, lo que al final le daría la justificación a la extrema derecha para ejecutar el exterminio de la UP.
Dentro de la izquierda, estos acuerdos Gobierno-Farc generaron recelo en el partido Comunista, ya que se negoció sin su consentimiento y la creación de la UP les dio un golpe político.
En el trasfondo de la guerrilla, explica Dudley, la UP no era más que una parte del plan maestro de uno de sus cabecillas, Jacobo Arenas, para que las FARC pudieran ensanchar su ejército y llevar sus políticas a las grandes ciudades.
En el corazón de Colombia, en Puerto Boyacá, ganaderos, comerciantes reaccionaron a estos acuerdos con la creación de Acdegam, una asociación sin ánimo de lucro, que serviría como fachada a las autodefensas. Otro factor en esta historia es la alianza entre narcotraficantes y paramilitares. Como ejemplo está la creación del grupo Muerte a Secuestradores como retaliación al secuestro ejecutado por la guerrilla de Martha Nieves Ochoa, hija del caballista Fabio Ochoa y hermana de los capos del clan Ochoa, que lideraban el Cartel de las drogas de Medellín.
Los paramilitares se encargaron de proteger a los narcotraficantes, sus complejos cocaleros y sus propiedades, asediadas por las FARC y a cambio los carteles les brindaban financiación y armas.
La campaña de sangre
La UP concentró sus esfuerzos políticos en tres regiones del país, en donde las FARC tenían control: Meta, Magdalena Medio y el Urabá antioqueño y cordobés, que a la postre serían los epicentros de su exterminio.
En 1985, algunos sectores alertaban que la presencia de las FARC en la campaña política de estas zonas era una campaña armada y que intimidaba a la gente para que los apoyara. Tratando de contrarrestar la influencia armada en las elecciones, el Congreso colombiano aprobó una ley que prohibía a los partidos “crear, mantener, apoyar o financiar grupos armados”. La ley amenazaba con cancelar los votos de cualquier partido que se encontrara culpable de violar la nueva legislación.
Para la elecciones de 1986, las FARC se abstienen de designar a uno de sus comandantes guerrilleros como su candidato presidencial –su primera opción era Jacobo Arenas – y en su lugar designaron al presidente del sindicato de Asonal Judicial, Jaime Pardo Leal.
En su primer conteo en las urnas, Pardo Leal logra 328.752 votos frente al candidato ganador, el liberal Virgilio Barco con 4’212.510 votos.
Pero su verdadero triunfo vendría en las elecciones legislativas y regionales fueron elegidos 24 diputados departamentales, 275 concejales, cuatro representantes a la cámara y 3 senadores, dos de ellos eran comandantes guerrilleros, Iván Márquez y Braulio Herrera, suplentes en listas al Senado.
La paradoja de este triunfo, era que si bien consolidaban el partido, en el primer aniversario de su creación, 300 de sus militantes habían sido asesinados en todo el país, fundamentalmente en zonas como Meta, Urabá y el Magdalena Medio, en donde se empezaban a consolidar como fuerza política.
Alberto Rojas Puyo, quien fuera facilitador de los acuerdos de La Uribe, cuenta en el libro de Dudley que “desde el comienzo, las FARC y el Partido Comunista consideraban a la UP como un instrumento político de la combinación de todas las formas de lucha, un instrumento para su proyecto de insurrección”.
Álvaro Salazar, otro ex integrante de la UP y de las FARC, agrega en uno de los apartes del libro de Dudley que “Jacobo(Arenas) nunca quiso que el partido fuera mas que la apertura de un espacio político para el movimiento militar. Esto hacía parte del plan de guerra. Éramos el batallón de sacrificio de tal manera que pudieran justificar su guerra. Éramos los desechables”.
A finales de 1986, revela Dudley que la UP envió a Salazar, jefe de propaganda de la UP, a negociar con Gonzalo Rodríguez Gacha para tratar de pactar una tregua con los grupos emergentes de paramilitares. Gacha le propuso a las FARC que lo dejaran trabajar, ya que para este momento el grupo guerrillero empezaba a meterse en el multimillonario negocio de las drogas.
No obstante, las FARC no aceptaron la tregua con el mexicano y se declararon la guerra, con lo que se recrudecieron los ataques a los miembros de la UP.
Entre tanto, la guerrilla intensificó los ataques a la fuerza pública, lo que ocasionó que el gobierno Barco les diera un ultimátum: “Si las FARC no se desarman y se desmovilizan, la única opción que tiene el Gobierno es exterminarlas militarmente”.
Como respuesta, las FARC dieron por terminado el proceso de paz y retiraron a sus líderes de la UP (Braulio Herrera e Iván Marquez) quienes volvieron a comandar frentes guerrilleros. El mexicano en retaliación ordenó el asesinato del senador de la UP, Pedro Nel Gómez.
No obstante, la UP logró alzarse en 1988 con 16 alcaldías y 256 concejales. El Meta se volvió el fortín electoral del movimiento, en esta región fueron elegidos 4 alcaldes y 47 concejales. Entre 1986 y 1988 unos 300 militantes de la UP fueron asesinados en el Meta.
Para Dudley la razón fue que muchos paramilitares vieron este triunfo como una evidencia de la influencia de las FARC por ser su santuario natural, lo que generó que este departamento fuera uno de los primeros objetivos de los grupos de autodefensas, entre estos los comandados por El Mexicano y Víctor Carranza.
Los paramilitares que ya contaban con 5 mil unidades realizaron una de sus primeras masacres en el municipio de El Castillo, en el corregimiento de Vista Hermosa, en el Meta, en donde asesinaron a 17 militantes de la UP.
Mientras que en esta misma línea, los hermanos Fidel y Carlos Castaño, empezaron a conformar grupos de autodefensas en la zona bananera de Urabá, como reacción al asesinato de su padre y al control, extorsiones, asesinatos y secuestros que cometía las FARC en la zona. La forma que optaron para causarle daño al grupo guerrillero fue precisamente atacar a la UP.
El naciente grupo de Autodefensas de Córdoba y Urabá inició el exterminio sistemático de los militantes de la UP, a quienes veían como la extensión política de las FARC. Dudley cuenta que desde 1983 el grupo de Fidel Castaño “mató gente sin piedad, en grupos de ocho y diez, algunos de ellos mujeres y niños, utilizando armas primitivas, como machetes. Los militares no solamente les permitieron actuar y hacer el trabajo sucio, sino que desde entonces les brindaron protección”.
Allí nació el temible grupo de Los Tangeros, en referencia a la finca de Castaño llamada Las Tangas, en donde el grupo fue entrenado y al tiempo sometía a sus víctimas a interrogatorios y torturas, incluso muchas víctimas fueron enterradas en estas tierras.
A finales de 1988, los paramilitares escogieron a la población de Segovia como su primera advertencia a las FARC y a la UP. Allí fueron asesinados 43 campesinos, con la complicidad de policía y ejército, como fuera demostrado posteriormente por la justicia colombiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo que condenó al Estado Colombiano por acción y omisión.
Por esta misma época, en el Magdalena Medio, las Autodefensas comandadas por Henry Pérez habían “limpiado” a municipios como Puerto Boyacá. Además habían creado el movimiento Político Morena, liderado por Iván Duque, quien más tarde se convertiría en el jefe paramilitar Ernesto Báez.
En 1987, los paramilitares(Henry Pérez, Víctor Carranza), narcotraficantes(Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha) financiaron la contratación de cinco mercenarios israelíes, entre ellos Yair Klein, para impartir un curso contrainsurgencia a un grupo de 50 de sus mejores hombres.
Entre los entrenados aparece el Negro Vladimir, un ex guerrillero de las FARC que se convertiría en uno de los más temibles y sanguinarios comandantes paramilitares del Magdalena Medio y quien después confesaría el asesinato de unos 800 militantes de la UP.
En 1987 se registró el asesinato de 111 miembros de la UP, en 1988 fueron 276 y en 1989 la cifra bajó a 138. Todos estos asesinatos coincidieron con las zonas en las que la UP había logrado triunfos electorales.
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Jaime Pardo Leal, candidato asesinado por paramilitares |
Otro de los hitos en la historia política de la UP, fue el asesinato del candidato presidencial de la UP, Jaime Pardo Leal, ejecutado por paramilitares. Ante la ya evidente campaña contra el movimiento político, su sucesor en la dirección del partido y candidato presidencial, Bernardo Jaramillo, solicitó mayores garantías al gobierno de Barco, al tiempo que se distanciaba de las FARC.
Jaramillo y sus seguidores fueron conocidos como los perestroikas ya que, a diferencia de sus antecesores en la dirección del partido, condenaron la política de todas las formas de lucha y la lucha armada.
Según Dudley, en la cúpula de las FARC esto fue interpretado como una traición. Dos miembros de la dirección de la UP tuvieron que salir del país por temor a las represalias del movimiento guerrillero que pretendió hacerles un consejo de guerra.
Para tratar de lograr una tregua con los paramilitares, el nuevo candidato a la presidencia por la UP se reúne con Pablo Escobar, a quien le solicita que medie con Gonzalo Rodríguez Gacha para terminar con el exterminio. Escobar le asegura a la UP que de su parte no tienen nada que temer; el problema era con El Mexicano y Fidel Castaño. El primero no era inconveniente para el capo, pero de Castaño no podía asegurar nada.
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Bernardo Jaramillo, candidato presidencial asesinado |
Los Castaño, Fidel y Carlos, habían emprendido una campaña de exterminio de la UP como retaliación por el secuestro y asesinato de su padre en 1980, y que tuvo su epicentro en el Urabá antioqueño y cordobés en donde literalmente exterminaron a la Unión Patriótica. Jaramillo no pudo establecer una tregua con los grupos paramilitares, encabezados por los Castaño, y al final el sería asesinado por orden de Carlos Castaño.
A pesar de repudiar la lucha armada y de dar señales de su alejamiento con la línea militarista de las FARC, Bernardo Jaramillo cae asesinado en 1990, como ocurriera con otros ex guerrilleros desmovilizados como Carlos Pizarro, también a manos de paramilitares.
En 1994, las autodefensas asesinan al último representante de la UP en el congreso de la República, el senador Manuel José Cepeda, como retaliación por el asesinato al general Rodolfo Herrera Luna.
El epílogo de la UP sobrevendría en 2003, cuando el Consejo Nacional Electoral le quita la personería jurídica al movimiento que no pudo sacar más de 50 mil votos en las elecciones de 2002. Ese sería el final jurídico de este movimiento y el de uno de los capítulos más sangrientos de la historia del país.
