El reciente boletín de la Gobernación del Cauca nos confronta con una realidad dolorosa y profundamente compleja: un enfrentamiento entre las comunidades indígenas Nasa y Misak en el sector La Ensillada, entre Guambía y Pitayó, que ha dejado un trágico saldo de seis personas fallecidas y 62 heridas. Este hecho no solo enluta al departamento, sino que enciende las alarmas sobre la urgencia de resolver los conflictos interétnicos a través de la palabra y no de la confrontación.
Es de rescatar la pronta respuesta institucional. La activación inmediata de los protocolos de salud por parte de la Secretaría de Salud Departamental y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) demuestra un compromiso real con la vida. Que los heridos estén recibiendo atención en la IPS Mamá Dominga y el Hospital de Jambaló bajo principios de oportunidad y humanización es un alivio en medio de la tragedia.
Sin embargo, el comunicado de la Gobernación deja en evidencia una situación alarmante que no puede pasar desapercibida: la restricción impuesta a la Misión Médica para estar presente en las mesas de diálogo.
El respeto a la Misión Médica no es un favor negociable; es un principio fundamental del Derecho Internacional Humanitario y una garantía para la protección de la vida de todos, sin distinción alguna.
El Cauca es un territorio pluriétnico y multicultural, una riqueza que debería ser motivo de orgullo y unidad, pero que históricamente también ha estado marcada por tensiones territoriales y de gobernanza. Cuando las diferencias escalan al punto de la agresión física entre pueblos hermanos, todos perdemos. Se debilita el tejido social, se vulnera la autonomía y se expone a la población civil a dinámicas de violencia que solo profundizan las heridas del pasado.
La salida a esta crisis no es militar ni puramente asistencial. Compartimos el rechazo de la Administración Departamental a estos actos que ponen en riesgo la convivencia. El verdadero camino requiere un diálogo genuino, donde las autoridades tradicionales de ambas comunidades, con el acompañamiento de organismos defensores de derechos humanos y la institucionalidad, se sienten a resolver los problemas de fondo que originan estas disputas.
Garantizar la atención médica a los heridos es el deber inmediato y se está cumpliendo. El deber a largo plazo, y el más desafiante, es garantizar que no haya un solo herido más. La vida en el Cauca debe ser sagrada.
