El más reciente asalto en Santander de Quilichao no es un hecho aislado de delincuencia común; es una bofetada directa a la institucionalidad del país. Que cuatro sujetos armados intercepten una camioneta blindada de la Unidad Nacional de Protección (UNP), encañonen a dos escoltas entrenados, los dejen a pie y se lleven un vehículo de alta gama junto con pistolas y chalecos antibalas a las 8:30 de la noche en pleno casco urbano, demuestra una verdad incómoda que muchos intentan matizar: en el Cauca, el Estado ha perdido el control del territorio.
Este departamento se ha convertido en un agujero negro para los esquemas de seguridad. Cinco ataques en apenas unos meses no son una coincidencia estadística; son una estrategia sistemática. Las disidencias de las FARC y los grupos criminales que operan con total impunidad en la región han encontrado en la UNP su proveedor logístico gratuito de vehículos blindados y armamento oficial.
Mientras los líderes sociales, reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos en el Cauca claman por una protección real que les salve la vida, las herramientas destinadas a cuidarlos terminan engrosando el arsenal de sus propios victimarios.
La gravedad de la situación radica en tres frentes críticos que exigen respuestas inmediatas y no simples comunicados de prensa:
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Pérdida de la ventaja táctica: Una camioneta Toyota TX blindada y oficial en manos de un grupo ilegal no es solo un medio de transporte. Es un caballo de Troya que les permite evadir controles policiales, ingresar a zonas restringidas y perpetrar atentados o secuestros con vehículos que, en teoría, portan el sello de la legalidad estatal.
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La vulnerabilidad del escolta: Los hombres y mujeres que operan estos esquemas están siendo enviados al matadero. Sin el respaldo de un pie de fuerza militar y policial robusto en las vías del Cauca, dos pistolas de 9 milímetros y un par de chalecos no son rivales para el armamento de largo alcance que hoy domina la región.
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La parálisis de la justicia: Que algunos vehículos aparezcan quemados días después o simplemente se esfumen evidencia la nula capacidad de reacción y control territorial de la Fuerza Pública en los corredores viales del departamento.
¿Qué tiene que pasar para que el Gobierno Nacional entienda que la estrategia de seguridad en el Cauca fracasó? No se puede seguir protegiendo a los ciudadanos vulnerables con un sistema que ni siquiera puede protegerse a sí mismo. Cada camioneta de la UNP robada es un territorio más que se entrega, un mensaje de debilidad institucional y un paso más hacia la consolidación de un microestado criminal donde las leyes las dictan quienes imponen los fusiles.
Si la Fiscalía y la Policía Judicial no desmantelan de raíz la red receptora de estos vehículos y armamentos, y si no se replantean de inmediato los protocolos de desplazamiento en zonas rojas, la UNP bien podría cambiar su nombre al de “Unidad de Suministro para la Ilegalidad”. El Cauca no necesita más “planes de búsqueda” posteriores al delito; necesita recuperar la autoridad y el orden antes de que la última pizca de institucionalidad sea robada a plena luz del día.
