El contraste no podría ser más violento ni más revelador. Mientras las solicitudes de protección para los seres sintientes en Popayán terminan sepultadas bajo una montaña de solicitudes, “etapas de estructuración” y excusas presupuestales, la maquinaria administrativa municipal demuestra que, cuando las concesiones comerciales, el recaudo o los negocios privados están de por medio, la agilidad burocrática del municipio roza la velocidad de la luz.
La admisión de la demanda de cumplimiento contra la Alcaldía por parte del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito pone al descubierto una verdad incómoda: la falta de voluntad política siempre se camufla como incapacidad técnica. La Ley 2455 de 2025, o “Ley Ángel”, no es una sugerencia ni una declaración de buenas intenciones; es un mandato legal imperativo que exige la creación e implementación del Fondo Municipal para la Protección y Bienestar Animal. Sin embargo, la respuesta de la Secretaría de Hacienda apela al clásico mantra de la paquidermia estatal: mientras el trámite institucional no sea perfecto, no se pueden crear rubros, no se destinan las multas cobradas y la acción se congela.
Mientras los escritorios cruzan memorandos, la realidad en las calles no espera. Los once equinos transportados en condiciones deplorables, los caninos bajo sospecha de sometimiento a descargas eléctricas con táser y decenas de expedientes represados en las inspecciones de policía atestiguan el costo humano y ético de la negligencia gubernamental. El maltrato no entra en receso mientras un proyecto se estructura en comités. Cada día de dilación presupuestal representa recursos de multas que terminan extraviados en la bolsa general en lugar de salvar vidas.
Resulta inaceptable que la eficiencia del gobierno local dependa exclusivamente del margen de rentabilidad económica del proyecto en turno. Si la Alcaldía desplegara para el bienestar animal apenas una fracción de la agilidad que demuestra para habilitar trámites de recaudación privada, Popayán sería hoy un modelo nacional de protección de la fauna. El fallo inminente de la justicia administrativa no solo debe obligar al cumplimiento de la ley, sino también avergonzar a una gestión que requiere de un mandato judicial para hacer lo mínimo que dicta la empatía y la ley.
