En Popayán, la corrupción y el descuido administrativo no solo desvían recursos: ahora también amenazan la integridad física de los ciudadanos. La paralización del contrato de poda silvicultural por la presunta falsificación de firmas dentro del Consorcio LS Popayán deja al descubierto una grieta ética institucional en el momento de mayor vulnerabilidad climática para la ciudad.
El fraude como puerta de entrada
La denuncia radicada por los ingenieros forestales Eduard Martínez Ledezma y Yennyfer Palechor Cadena no representa una simple falla administrativa. Que una propuesta técnica en el proceso MP-SD-MC-004-2026 haya incluido diplomas, tarjetas profesionales y firmas replicadas mecánicamente sin el consentimiento de los profesionales es un hecho de gravedad penal.
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Violación a la selección objetiva: Se adjudicó un contrato de $83,1 millones a una estructura que presuntamente engañó a la administración para simular idoneidad técnica.
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Falta de rigor en el control previo: La Secretaría DAFE reaccionó en julio mediante el Acta de Suspensión No. 01, pero la falla en la verificación previa expone una fragilidad preocupante en los filtros de licitación del municipio.
Una administración desarmada ante las ráfagas de agosto
El costo de esta parálisis operativa lo paga la ciudadanía en las calles. Con la llegada de la tradicional temporada de fuertes vientos, Popayán enfrenta el riesgo inminente de caídas de árboles y ramas de gran tamaño sobre vías públicas, vehículos y peatones.
El comunicado emitido por la Alcaldía el 3 de agosto, donde recomienda a la comunidad “no permanecer bajo árboles deteriorados” y reconoce abiertamente que la demanda “supera la capacidad de atención inmediata”, resulta insostenible. Alertar a la población sobre el peligro mientras el contrato de mitigación se encuentra congelado por investigación hasta mediados de septiembre equivale a trasladar la responsabilidad del riesgo al peatón.
Las investigaciones de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría deben avanzar con celeridad para sancionar el presunto fraude procesal y la falsedad documental. Sin embargo, la gestión ambiental y la gestión del riesgo no pueden suspenderse por un trámite burocrático. La Alcaldía de Popayán debe activar planes de contingencia inmediatos con personal calificado real; cuando un árbol colapse en medio de una ventisca, la excusa de un contrato suspendido no servirá para reparar los daños.
