La ley que creó las tarifas parafiscales para favorecer presuntamente a los artistas colombianos, como un negocio privado de la Asociación de Autores y Compositores –SAYCO – y de la Asociación de Intérpretes –ACINPRO — se ha convertido en un atraco a plena luz del día contra las empresas de radiodifusión y televisión, desviando los recursos del excesivo recaudo hacia negocios particulares de las mafias de abogados que manejan los negocios de la música, crucificando el servicio de radiodifusión, que no tiene quien lo defienda por el carácter especulativo y extorsivo que practican las dos asociaciones que se quedaron con la sangre y el sudor de los artistas.
Los maestros y compositores, Rafael Escalona y Jorge Villamil Cordobés, con quienes redactamos la Ley de Autores y Compositores, finalmente aprobada por el Congreso de Colombia en 1987, crearon un monstruoso engendro jurídico que cada mes extorsiona a los medios de comunicación, a los propietarios de tiendas que utilizan la música para recrear el espíritu y a los organizadores de eventos artísticos, una ley desactualizada porque desde hace varios años las plataformas digitales remplazaron el disco y la radiola, sin que pueda llevarse un registro de la ejecución musical, por lo cual cobran estas organizaciones extorsivas, que nadie ha querido tocarlas en el Congreso de la República.
Hay tanta corrupción en Sayco y Acinpro, que se necesita que el Congreso de la República revoque la ley que les sirve de mampara para enriquecerse a la sombra de esta perniciosa legislación. Y que el gobierno determine las tarifas que debería reglamentar y recaudar el Ministerio de las Tecnologías de la Información (TICS) donde, como hemos visto por el reciente escándalo del contrato de plataformas digitales para los centros poblados de la Colombia Profunda, todo está privatizado, hasta las mediciones de campo que realizan otras empresas particulares, contratadas para suplir las funciones que le corresponden al estado colombiano en materia de control y regulación de la radiodifusión sonora y de la televisión.
Es tanto el desgreño administrativo en el Ministerio de las Tecnologías de la Información (TIC´s), donde desde hace tres años no se renuevan las licencias de funcionamiento de las emisoras y de los canales de televisión, dejando al garete el manejo y recaudo de las cuotas parafiscales, que requieren una rebaja sustancial, porque la red nacional de emisoras privadas está atravesando la peor crisis económica de su historia.
Que una emisora de un kilovatio tenga que pagar un salario mínimo mensual por derechos de ejecución musical a Sayco y otro salario mínimo mensual a Acinpro, cuando los artistas viven de la publicidad radial y televisiva, lo que resulta un contrasentido y en cierto modo, una conducta delictiva que se ampara en una ley arcaica, que debe revocarse cuanto antes, antes de que tengan cerrar quinientas emisoras en Colombia.
