Luego de un revés jurídico vivido durante esta semana, el exsenador Luis Alberto Gil nuevamente hace una nueva jugada, esta vez con la intención de eludir la severidad de una condena que podría llegar en caso de aplicarse plena hasta los 17 años de prisión.
Parecen ser muy pocas las posibilidades jurídicas para el exsenador Luis Alberto Gil. Por esta razón, y ante el escaso material probatorio para soportar con éxito su defensa se efectuó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, con el cual podría lograr una sustancial rebaja en el total de la pena, que finalmente sería cercana a los 54 meses de prisión, algo así como 4 años y medio.
El preacuerdo fue presentado el día de ayer, justo cuando se vencía el término pues un día después la fiscalía debe presentar formalmente el escrito de acusación, etapa en la cual quedará extinta la posibilidad para que los procesados puedan acogerse a esta modalidad de sentencia anticipada.
En el documento, Gil aceptará su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir contra la administración pública y solicitó que se descartara su juzgamiento por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.
La solicitud del preacuerdo deberá ahora ser avalada por un juez de la república, quien determinará si el convenio se ajusta o no al ordenamiento legal.
Fue una trampa
El preacuerdo fue presentado por el abogado defensor del exsenador Gil, Gabriel Porras, quien radicó la solicitud ante un juez de control de garantías, quien detalló que la investigación que adelanta una sección delegada contra los delitos de la administración pública, de la Fiscalía General de la Nación, se estructuró en un principio como una trampa muy sólida, en la que incluso hubo participación de un señuelo, conocido ampliamente como agente provocador, elaborado por agentes de la misma fiscalía, con dineros del mismo ente investigador.
“Fue una trampa muy bien elaborada, por parte del establecimiento, todo con el objetivo de minar la credibilidad en la Justicia Especial para la Paz. No es un secreto para nadie que el gobierno actual no está conforme con las negociaciones que se realizaron en La Habana, y así se puede evidenciar con las objeciones presentadas al documento y en ese contexto de críticas pues crearon toda una situación artificiosa para restarle credibilidad a la justicia transicional”, expresó el abogado defensor.
Problemas de salud
Cabe recordar que a principios de esta semana, el juez 45 de control de garantías de Bogotá negó la solicitud de detención domiciliaria presentada por la defensa del exsenador Gil Castillo, cuya defensa argumentaba serios problemas de salud del excongresista.
Incluso, Gil hace varios meses debió ser trasladado a la Clínica Colombia, en el occidente de Bogotá, tras sufrir un ataque cardíaco, precisamente durante la realización de las audiencias de legalización de captura.
Sin embargo, para el juez decidió respaldar los pronunciamientos de la Fiscalía y la Procuraduría General, quienes manifestaron que la defensa no presentó los dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal sino de un médico particular, quien señaló que el estado de salud del excongresista es grave y requería reposo en su residencia.
“Se omitió por parte de la defensa y este despacho considera es esencial para el otorgamiento de una sustitución de la detención preventiva”, manifestó el funcionario judicial durante su intervención. En consecuencia, determinó que “este despacho le niega la solicitud de medida de aseguramiento domiciliaria”.
El abogado Óscar Díaz, quien también representa a exsenador Gil Castillo, apeló esta decisión la cual tendrá que ser resuelta por un juez de conocimiento de Bogotá.
La captura
Junto a Gil fue capturado el fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP Carlos Julián Bermeo Casas en momentos donde recibía 40 mil dólares, de una petición de dos millones de dólares que se habían acordado para “incidir en el trámite de extradición” que para ese momento se efectuaba contra Santrich.
Giovanny Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, señaló que esa dependencia, a la cual pertenecía Bermeo, no tiene “ninguna participación en los procesos en los que se estudian las solicitudes de garantía de no extradición” y que en el caso puntual de Santrich, “no ha desempeñado ningún rol, por lo tanto, no tiene ninguna injerencia sobre las decisiones que al respecto se lleguen a tomar por los magistrados que tienen conocimiento de ese caso”.
Otro pesado en Santander
El político Luis Orlando Villamizar Gamboa es uno de los cuatro capturados en Bogotá en medio del operativo de la Fiscalía en el que también fueron capturados el exsenador santandereano, Luis Alberto Gil, el fiscal de la JEP, Carlos Bermeo y Ana Cristina Solarte Burbano.
Villamizar se desempeñó como director comercial de la Lotería de Santander en el período del exgobernador y actual senador Richard Aguilar. Desde hace varios años ha estado vinculado con el partido Opción Ciudadana, y se conoce por ser un hombre cercano a Luis Alberto Gil. Ha sido el creador de estrategias políticas para diferentes campañas de candidatos a cargos públicos.
Fue el gerente de la campaña a la alcaldía de Bucaramanga de Celestino Mojica, quien aspiró por el partido Opción Ciudadana en 2011. También fue asistente de la esposa de Gil Doris Vega en el senado en 2017 e hizo campaña a la presidencia por Gustavo Petro.
