Con la creación de siete curules de Circunscripciones Especiales de minorías en el Congreso de la República, la Constituyente de 1991 pretendió garantizar que estos grupos minoritarios, e históricamente excluidos de la participación política, tengan presencia, voz y defiendan sus intereses.
Se trata de establecer una “discriminación electoral positiva”, pues el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (Artículo 7 de la Constitución Política). De no contar con este mecanismo, esas poblaciones seguramente no obtendrían curules por las circunscripciones ordinarias.
Sin embargo, de un total de 268 curules, sólo siete son para las minorías, es decir, apenas el 2,6 por ciento del total. Por eso hay quienes dicen que esta representación es insuficiente y apenas ha permitido que las minorías expresen su voz dejando constancias, pero hasta la fecha no se ha tramitado con éxito una sola ley que favorezca sus intereses particulares o que sea de su iniciativa.
Sin embargo, a pesar de la polémica desatada en los últimos días con respecto a la curul de las comunidades afrodescendientes, hoy en manos del electo Representante Heriberto Arrechea Banguera y la decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Rosa de Viterbo, por el desacato a la orden de Tutela por parte de los presidentes de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Pinto Hernández y del Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Alexander Vega Rocha; de darle la curul y personería jurídica al Partido Político MIO (Movimiento de Inclusión de Oportunidades) so pena de cárcel, no ha sido posible esclarecer su situación.
Hoy estas entidades expresan que se debe definir en las próximas semanas para cumplir la norma que exige la Constitución.
El tema debería estar alejado de intereses personales ya que se trata de la representación de las negritudes como voceras de sectores deprimidos del país, y que necesitan de esta posición para, de una vez por todas, empezar a legislar a su favor.
La condición de desigualdad de estas comunidades debería ser un factor de presión para la Cámara de Representantes como para el Consejo Nacional Electoral, para no darle más largas a un tema que la propia Constitución señala como de primera necesidad.
Infortunadamente el tema nada tiene que ver con los políticos tradicionales y los partidos que han regido al país por décadas, para darle una salida pronta, de ahí que se desprende que a pesar de la molestia de gran parte de los ciudadanos, los campesinos, afros e indígenas, la única vía que tienen para hacer sentir su opinión, es a través de las movilizaciones sociales en la carreteras.
Es innegable el descontento de la clase política tradicional al momento de tener que compartir curul con estos sectores, ya que a pesar de los tiempos de globalización y de los avances tecnológicos, Colombia aún es un país de estratos, de clases sociales y de discriminación, a pesar de que la propia “Carta Magna”, que dicen defender, lo exija.
