Las tres mil personas que se congregaron en el auditorio Los Conquistadores del Centro Comercial Caracolí, en Floridablanca ( Santander) , quedaron informadas plenamente de las consecuencias del Acuerdo de Paz con las guerrillas de las FARC y del impacto jurídico que tendrá el “Documento Final para la Paz”, cuyo contenido hace parte del Bloque de Constitucionalidad, que adiciona nuestra Carta de Derechos, promulgada en 1991.
El senador Carlos Eduardo Enríquez Maya, figura visible del Partido Conservador en el Congreso de la República, experto en derecho constitucional y autor de varias reformas que fortalecen el espíritu de la democracia representativa, indicó que los acuerdos con el movimiento guerrillero tienen la fuerza de un “Tratado entre fuerzas beligerantes”, al tenor de lo dispuesto en los Protocolos de Ginebra, que Colombia adoptó hace varios años.
El dirigente conservador se refirió a los beneficios otorgados por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos a las guerrillas de las FARC para su desmovilización y advirtió que el Tribunal Especial para la Paz estará compuesto por veinticuatro magistrados, para resolver la situación jurídica de los desmovilizados, que recibirán penas alternativas, como estudio y trabajo, por delitos atroces que cometieron durante medio siglo de conflicto armado.
Mientras cada colombiano que tiene problemas con la justicia puede ser condenado varias veces y por diferentes instancias judiciales, la guerrilla desmovilizada estará exenta de pagar penas de prisión, lo cual constituye un mal ejemplo para la sociedad colombiana y especialmente para las víctimas, que han sufrido los rigores de la guerra.
“El acuerdo final para la paz en Colombia tiene efectos jurídicos por encima de la Constitución Nacional de 1991, porque su contenido hace parte del Bloque de Constitucionalidad, que estará vigente hasta por veinte años, en virtud de la creación de la Justicia Especial para la paz, que en la mayoría de los casos suplantará a la Corte Suprema de Justicia”.
Efectos desastrosos del FAST TRACK
Toda la legislación especial para la paz está orientada a perdonar los delitos de lesa humanidad, la toma de pueblos, los asesinatos selectivos, los secuestros, la extorsión, los atentados contra la infraestructura del Estado, la toma de pueblos y la excarcelación, sin indemnización a las víctimas, de unos siete mil quinientos guerrilleros.
El senador Eduardo Enríquez Maya dice que todos los colombianos somos partidarios de la reconciliación nacional, pero lo que se ha aprobado, mediante procedimiento abreviado en las cámaras legislativas, es el cogobierno de la nación por parte de los parlamentarios que serán elegidos internamente por las guerrillas de las FARC, tanto al interior de esa organización subversiva como en las zonas de influencia donde ejercieron control y dominio territorial.
“La figura del FAST TRACK había sido aplicada en el Congreso de los Estados Unidos para adelantar reformas de carácter económico, pero en Colombia extendieron sus efectos a reformas constitucional que cambian totalmente el espíritu de la carta de derechos aprobada por una asamblea constituyente en 1991.
Es preocupante — dice el senador Enríquez Maya —, el cogobierno de la guerrilla desmovilizada, a la cual le concedieron inauditos privilegios, como son las veintiséis nuevas curules que tendrán en las cámaras legislativas, de las cuales diez serán definidas internamente por el nueva Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia –FARC – y otras dieciséis (16) corresponderán a las circunscripciones especiales en las llamadas “Zonas de Reserva Campesina”.
La Justicia transicional, otro esperpento jurídico
El experto en derecho constitucional señala que la reforma a la justicia, adoptada para implementar los acuerdos de paz, genera enorme desconfianza para la seguridad nacional. Empezando por ninguno de los criminales de las FARC pagarán días de cárcel, sino ‘penas alternativas’ de estudio y trabajo, con la obligación de reparar a las víctimas, aprovechando los inmensos bienes que tienen en Colombia y en el exterior, a través de testaferros.
La Justicia Especial para la Paz funcionará durante diez años, prorrogables a quince años, con poderes especiales para intervenir en la redistribución de diez mil hectáreas de tierras que serán distribuidas en las zonas de reserva campesina. “En Colombia existen diez clases de propietarios de tierras: los que tienen escritura pública, los que tienen promesas de venta, los que mantienen ocupación de hecho sobre fincas que fueron de familias desplazadas por la violencia, los tenedores de buena fe, los testaferros, las llamadas cooperativas campesinas y varias otras expresiones de la ilegalidad”.
Proceso de paz amenaza el derecho a la propiedad
Para el congresista conservador, el proceso de paz acordado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las guerrillas desmovilizadas de las FARC constituye una amenaza para el derecho a la propiedad. El costo del proceso de paz está calculado para los próximos doce años en 240 billones de pesos, cuando el país está en bancarrota y estamos debiéndole a la banca internacional 165 mil millones de dólares. “Estamos pagando intereses por el servicio de la deuda externa, equivalentes a 30 billones de pesos anuales, la cuarta parte del producto interno bruto”.
La Empresa Colombiana de Petróleos está igualmente en bancarrota, por los malos negocios de sus juntas directivas y de los ex presidentes de la compañía petrolera estatal, y por la baja en los precios internacionales del petróleo. “No ha podido pagar los 28 billones de pesos de transferencias a la nación, como estaba previsto y el próximo presidente de Colombia va a tener que promover una nueva reforma tributaria, de efectos extorsivos contra el derecho a la propiedad, para poder cumplir los compromisos pactados en el Documento Final para la paz”.
El panorama es desolador y angustioso, en momentos en que se ha marchado del país 72 de las principales empresas que tenían fábricas y negocios en Colombia. La reforma tributaria de reciente aplicación ha causado un enorme desconcierto en Colombia, a tal punto que la gente no quiere votar por los congresistas que aprobaron la reforma.
“Los bancos están despidiendo miles de trabajadores y la industria en general se encuentra muy golpeada por los nuevos impuestos. El panorama económico es desolador y el gobierno miente, cuando dice que la economía va por buen camino”, advierte el influyente senador Eduardo Enríquez Maya.
