Las alarmas encendidas por parte de tres países donantes de dineros para la construcción de escenarios de paz estable y duradera, nos ponen a pensar sobre el futuro de la administración de la justicia transicional en Colombia, en una sociedad en la que la corrupción se convirtió en una enfermedad y una cultura que se niega a desaparecer, siendo que esa patología social y cultural es la causa de todos nuestros males. La pregunta obligada es: ¿se estarían robando la JEP?
La sola duda, desde ya produce vergüenza nacional. Mientras otros países nos dan a título gratuito plata para que arreglemos nuestros problemas; aquí resulta que parece que pusimos al ratón a cuidar el queso. La respuesta la tiene que dar a los órganos de control, el saliente Secretario Ejecutivo quien es el llamado a aclarar qué fue lo que pasó con los 4.7 millones de dólares que la cooperación internacional entregó para el diseño y funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-.
Que no nos vayan a salir con el cuento que como la plata la administró y la ejecutó el PNUD y la OIM, y que como los recursos no son del presupuesto nacional, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, carecen de competencia para actuar. No. Del presupuesto nacional van más de 40 mil millones gastados y sobre los donados es necesario decir, que la corrupción es un delito transnacional y como tal, no existen fronteras para perseguirlo y castigarlo.
¿O fue que perversamente la JEP fue infiltrada para corromperla y dañarla a fin de que los colombianos desistamos de su implementación y nos neguemos a saber la verdad total del conflicto armado colombiano? Conflicto en el que están involucrados actores de todos los niveles económicos, sociales y políticos. Creería que no. Que tan alto grado de perversidad no haya tocado a las puertas de esa institución judicial, tan necesaria para esclarecer el derramamiento de sangre de los últimos sesenta años.
Cualquiera que sea la suerte del país en materia de la elección presidencial, la Jurisdicción Especial para la Paz no debe servir de leña para alimentar la misma hoguera que pocos desean hacer con los acápites buenos y malos del proceso de paz. Antes de encenderla, será necesario evaluar que sirve y que capítulos merecen revisión, para rescatar instituciones que en otras latitudes han servido para hallar el camino de la reconciliación, el perdón y la convivencia pacífica estable.
El balance de la JEP no es malo. Lo malo es que los recursos destinados a su implementación y financiamiento se estén enredando en corrupción. Hasta hoy, van cerca de 9 mil actas de compromiso de comparecencia y sometimiento a esa jurisdicción y cerca de 2 mil militares en camino a recibir concepto jurídico sobre su situación por la participación en el conflicto armado. Y son más los colombianos que esperan comparecer para rendir versión sobre su participación en el conflicto, incluso ex paramilitares y políticos que ven en la JEP una puerta para decir la verdad y reconciliarse con la sociedad colombiana.
Ojalá los señores Contralor, Procurador y Fiscal, se pongan de acuerdo para sacar la corrupción de la JEP e higienizarla y darle el toque de asepsia necesario para que sea la institución proba y garantista, que contribuya a la reconciliación nacional. Sino, apaguemos y vayamos encendiendo más cirios para los muertos que tengamos que contar y nos conformemos con no saber la verdad
