El Consejo de Estado negó la tutela del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, contra la suspensión por tres meses que la Procuraduría General de la Nación le impuso al mandatario.
La suspensión la impuso el organismo de control tres días después de que el mandatario de los bumangueses agrediera con un puñetazo al concejal Jhon Claro, durante una conversación acalorada en el despacho municipal y ante varias cámaras de televisión, episodio ocurrido el 28 de noviembre del año pasado.
De acuerdo con el ente disciplinario, la investigación disciplinaria inició tras hacerse público el video de la agresión, y en ella también se ordenó la suspensión por tres meses al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por la presunta agresión física y verbal a un concejal de la ciudad.
El proceso
En aquella ocasión, tres días después, el Ministerio Público ordenó la suspensión provisional del mandatario, argumentando también que desde 2017 adelanta acciones disciplinarias en su contra, por quejas relacionadas con actitudes comportamentales desde ese entonces, y que habrían podido llevar a conductas reiteradas de vulneración a derechos como la dignidad y el buen nombre de quienes están en su entorno o interactúan con él en desarrollo de su gestión.
En este caso, la Procuraduría sanciona al Alcalde por supuestamente haber incurrido en injuria y calumnia al denunciar públicamente un grotesco acto de corrupción a través del cual un funcionario municipal y una firma consultora desfalcaron a la Alcaldía de Bucaramanga en más de $600 millones durante la administración anterior, en el marco de un contrato para diseñar centros de salud.
El Ing. Rodolfo Hernández, pese de la decisión de la Procuraduría, reafirma su denuncia (realizada desde 2017) y exhorta a los organismos de control a actuar en defensa del patrimonio público, a investigar y a sancionar a los responsables de dicho desfalco y no a los que lo están denunciando.
“Para el Ministerio Público constituye un agravante que estos presuntos comportamientos reiterativos, hayan escalado de las agresiones verbales a la física, lo que daría cuenta de serios elementos de juicio que denotarían conductas que además de ser presuntamente desconocedoras del deber señalado en el numeral 6° del artículo 34 y de la prohibición establecida en el numeral 6° del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único-, podrían reiterarse de mantenerse al funcionario en el ejercicio de su cargo”, explicó un funcionario de la procuraduría.
Además, dentro de la investigación disciplinaria se decretó, la práctica de diferentes pruebas entre ellas, la de recibirle declaración juramentada al concejal para que amplíe las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentaron los hechos el día 28 de noviembre.
Conocida la sanción, de inmediato el equipo jurídico del mandatario local informó que interpuso recurso de apelación para revertir la medida, así como una acción de tutela con la cual alegaba la presunta violación al derecho fundamental del debido proceso, con lo cual logró mantenerse a la cabeza de la administración municipal.
Sobre el fallo de la Procuraduría que lo obligó a abandonar su cargo luego de determinar su suspensión, el Ing. Rodolfo Hernández manifestó: “Estoy feliz que hubieran puesto un referente nacional de una suspensión así de rápido. Los colombianos, los santandereanos y los bumangueses queremos una justicia pronta y efectiva, porque no entenderíamos que si se siguen robando el país con contratos amañados, con único proponente o dos proponentes, donde el segundo es payaso del primero, y no les hagan disciplinarios como viene ocurriendo históricamente”, dijo el mandatario sobre la sanción de la procuraduría, tras reintegrarse al cargo.
Suspensión en firme
Sin embargo, ayer la máxima instancia de lo contencioso administrativo, representada en la Sección Tercera del Consejo de Estado, revocó la decisión de tutela del Tribunal de Santander, ente que falló inicialmente la tutela en favor del mandatario local.
Con esta decisión, el Consejo de Estado indicó además que la Procuraduría conservará las facultades de suspensión de funcionarios de elección popular.
