Los exguerrilleros colombianos que se sumaron en 2016 a un acuerdo de paz pero acabaron recayendo en actividades ilegales han aumentado hasta cerca de un tercio del total de combatientes desmovilizados, según un informe de inteligencia.
Con el pacto, que llevó cuatro años de negociaciones, Colombia intentó acabar con un conflicto de medio siglo convirtiendo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en un partido político, garantizando bancas para sus candidatos en el Congreso y concediendo amnistías para algunos tipos de delito.
Pero la conservadora sociedad está dividida entre los que están dispuestos a perdonar en pos de una reconciliación y los que buscan que los rebeldes queden tras las rejas para pagar por los asesinatos, secuestros y violaciones a los derechos humanos cometidos en una guerra interna que ha cobrado 260.000 vidas.
Como parte del acuerdo, más de 6.000 combatientes del que era el grupo insurgente más grande de Latinoamérica, dejaron las armas. Solo unos 300 miembros decidieron entonces, en noviembre del 2016, seguir en la clandestinidad.
Hoy el Gobierno calcula que los remanentes del grupo que operan en las selvas y montañas colombianas crecieron hasta los 2.300, en gran parte gracias a los disidentes, pero también por nuevos miembros. Tan solo desde fines del 2018 la cifra aumentó más de un 30%, según el informe de inteligencia.
El reporte subraya que los excombatientes volvieron a las armas seducidos por los millonarios recursos del narcotráfico y la minería ilegal. Y consideró este aumento de las disidencias como «un riesgo para la seguridad».
«No todos los que conformaban las redes de apoyo al terrorismo se acogieron al proceso de paz, quiere decir que quedó una amenaza por ahí latente que de alguna manera es lo que ha permitido que este grupo armado residual vaya creciendo», dijo el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, cuando se le preguntó sobre el crecimiento de las disidencias que arrojó el reporte.
«Si nosotros vemos en donde están o donde han aparecido estos grupos armados organizados residuales, está asociado con economías ilícitas, donde hay alta presencia de narcotráfico o de minería ilegal, o de área de frontera especialmente con Venezuela», explicó.
Dirigentes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -el partido conformado por las Farc- han advertido que algunos de los motivos que llevan a muchos a volver a la clandestinidad son las demoras en la implementación del acuerdo de paz y el asesinato de 139 excombatientes desmovilizados desde finales de 2016.
El informe revela que actualmente existen 31 grupos de disidencias de las Farc que operan en regiones con cultivos de hoja de coca, materia prima de la cocaína, y con yacimientos de oro de dónde sacan el metal de forma ilícita contaminando ríos.
«Los exmiembros de las Farc enfrentan una creciente presión para unirse a grupos disidentes que se dedican a lucrativos negocios ilícitos», dijo Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis.
Parte de la razón por la que los exguerrilleros vuelven a la clandestinidad, de acuerdo con Guzmán, es que muchos proyectos productivos acordados en el pacto de paz no despegan y que los asesinatos de los exguerrilleros desmovilizados no han sido investigados ni castigados.
La Agencia para la Reincorporación y Normalización asegura que apoya 186 proyectos productivos individuales y colectivos que benefician a 1.404 excombatientes con inversiones por más de cuatro millones de dólares. Algunos de los proyectos son de agricultura y ganadería en zonas donde antes tenían presencia las Farc.
El presidente Iván Duque ha criticado duramente el acuerdo y ha intentado sin éxito cambiarlo en el Congreso porque cree que es muy indulgente con las Farc, a las que acusó de dedicarse al secuestro, la extorsión y el asesinato.
El informe de inteligencia también mostró que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) cuenta en la actualidad con 2.400 combatientes, un aumento de casi el 8% desde finales del 2018. Y un 45 por ciento del total está refugiado en Venezuela, según el reporte. «El ELN considera los estados venezolanos limítrofes con Colombia como su retaguardia estratégica», dijo Navarro al respecto.
El gobierno de Duque se niega a establecer una negociación de paz con el ELN hasta que el grupo rebelde declare un cese unilateral de las hostilidades, petición que el grupo rechaza
