La terna presentada por el presidente Iván Duque para que la Corte Suprema de Justicia elija al noveno fiscal general de la Nación a dos años de que el ente acusador cumpla 30 años de existencia cumple, en teoría, con todos los requisitos; sin embargo, penalistas y constitucionalistas, en diálogo con este diario, plantearon algunos reparos, pero también hicieron guiños.
Entre los problemas está el de la cercanía con el jefe de Estado, el riesgo de politización de la labor judicial, la no consideración de un mecanismo de meritocracia para dar los nombres, el desconocimiento de la política criminal de los aspirantes y el momento de interinidad que hay en el alto tribunal de la justicia ordinaria.
No obstante, los juristas también destacan ciertos rasgos deseables en la terna: la ausencia de conflictos de intereses con los grandes procesos penales del país y la proveniencia académica y el conocimiento y experiencia de los postulados.
La Corte, por ahora, anunció que citará para el próximo martes a las 2 de la tarde una sala plena extraordinaria para elegir a los magistrados que le hacen falta, ya que en este momento solo tiene 16 togados y debe tener 23. Y la elección del fiscal, que iría en otra sala plena extraordinaria el próximo miércoles a las 8 de la mañana, tiene que ser por mayoría cualificada, es decir que para que haya titular del ente acusador la votación debe ser unánime por uno solo de los ternados.
Uribista, duquista y conservador
En la terna, la cuota uribista está representada en Clara María González, la secretaria jurídica de la Presidencia, quien acompañó en la campaña presidencial al exministro Óscar Iván Zuluaga y en la segunda campaña al expresidente Álvaro Uribe. De hecho, el exmandataro le propuso ser una de sus ternadas a fiscal, pero ella no aceptó e hizo parte de la terna a fiscal ad hoc para el caso Odebrecht.
Entre tanto, el más duquista, por ser el más cercano a Duque, es el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, quien estudió derecho con el jefe de Estado en la Universidad Sergio Arboleda y son buenos amigos desde hace 20 años. Aspiró a la JEP y defendió este sistema de justicia transicional en un libro que escribió, pero desde el Gobierno lo ha criticado, por ejemplo, al abanderar las objeciones presidenciales.
Y Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica, representa el conversatismo, toda vez que fue integrante de la campaña y secretario privado del expresidente Andrés Pastrana. Por esa misma vía es cercano a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con quien hizo dupla como candidato a vicepresidente en 2014.
¿Subordinados?
Para el exdirector de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, la terna presentada por Duque para fiscal es “opaca”.
Primero, “por el procedimiento, pues Duque derogó el decreto que hacía un poco más transparente el proceso, estableciendo, por ejemplo, que los postulantes debían inscribirse y sus hojas ser públicas”.
Además, dice el jurista, hay “falta de independencia” en los aspirantes “pues todos son subordinados del presidente”, por lo que se pregunta: ¿Qué independencia tendrán como fiscal, que se supone que es un funcionario independiente del Gobierno?
Y concluye Uprimny que los tres carecen de “un buen conocimiento de política criminal” y del “sistema penal”. Agrega que aunque no cree que un fiscal general deba obligatoriamente ser penalista, “debe tener un conocimiento suficiente del sistema penal y de la política criminal. Y ninguno de los tres tiene ese conocimiento”.
Terna adecuada
En la consideración del abogado Francisco Bernate la terna “cumple con los requisitos establecidos por la Constitución, dado que se trata de tres personas íntegras, de amplia experiencia, que tienen toda la solvencia y toda la idoneidad moral, además de las capacidades para liderar la Fiscalía”.
Por lo anterior señala que la Corte tiene tres posibilidades y que no hay lugar para hacer ningún tipo de cuestionamiento.
En cuanto a la discusión de si debe ser o no un penalista quien esté al frente del ente acusador, el legista no ve necesaria esta condición, “más atendiendo los cuestionamientos que se han hecho por parte de las defensas o las causas que defienden determinados abogados que después llegan a estas instancias, por lo que no veo ningún problema”.
Recordó así mismo Bernate que la Fiscalía en 2021 cumplirá 30 años y, en su concepto, hay desafíos graves para la entidad: “Tiene al país sumido en una flagrante violación a los derechos humanos en materia de población carcelaria, muy precarios los resultados en materia de seguridad ciudadana, una falta de confianza del ciudadano del común hacia esta entidad y que debe replantearse su misma función, que no debe ser aparecer diariamente en los medios sino atender los clamores de justicia del ciudadano del común”.
Mal momento
El penalista Iván Cancino pone de presente que en su opinión este no era el mejor momento para poner a consideración la terna.
“La Corte es difícil que escoja porque realmente quedan ocho días hábiles, y para salir electo tienen que haber 16 votos y solo hay 16 magistrados, entonces realmente no es fácil que en la primera votación los 16 se pongan de acuerdo para escoger, incluso si la semana entrante eligen a los magistrados que faltan, no alcanzarían a elegirlo este año y ya nos vamos hasta el 10 de enero para la elección”, dijo.
Sin embargo, ve con buenos ojos a los ternados frente a los eventuales conflictos de intereses que podrían recaerles: “Lo único que le veo yo muy bueno a esta terna es que en principio no habría grandes conflictos de intereses como sí han tenido otros abogados, porque no han litigado en lo penal, ni han tenido litigios en grandes cosas”.
Uno por uno, señaló, el único con problemas en este sentido pudiese ser Gómez Alzate: “González, secretaria jurídica, profesora universitaria; Barbosa, profesor universitario, analista, hoy comisionado para los Derechos Humanos; y Camilo Gómez tal vez sí podría tener algunos temas de conflictos de intereses, pero propios de la labor que ha desempeñado como director de la Agencia de Defensa del Estado”.
Manejo político
Según el barranquillero Jorge Abello, profesor de la Universidad Sergio Arboleda, es una terna más “política” que jurídica y, en este sentido, apunta que “quien controla la Fiscalía controla todos los mecanismos de presión: Juan Manuel Santos terminó presionando a todos sus enemigos, que terminó condenando, como el caso del exministro Andrés Felipe Arias”.
En su consideración, sí es importante que el fiscal sea un penalista: “El penalista tiene el estudio de la política criminal y sabe de qué se trata, no tiene que escuchar a un asesor”, y para regentar la entidad de investigación penal, cree, “se necesita alguien que sepa cómo mejorar la justicia penal”.
El gran problema de la Fiscalía, advierte, es “que se hagan las audiencias y desafortunadamente falta mucho apoyo en la investigación y muchos procesos se caen por eso”.
No obstante, ve entre los tres como más opcionado a “Barbosa, porque maneja temas de Derechos Humanos y eso es lo que se necesita en estos momentos. Ahora, habrá que ver si aplica o no aplica ese conocimiento”.
Cercanía inconveniente
En palabras de Eduardo Palencia, constitucionalista de la Universidad Simón Bolívar, señala que no ve inconvenientes para la terna en la Corte, “salvo que ellos consideren que al ser muy cercanos al Palacio de Nariño haya un inconveniente y en ese sentido pudiera haber sesgo en torno a la función judicial que ellos vayan a desempeñar”.
En este sentido, indica el jurista barranquillero, a Barbosa, por ser el más amigo del presidente, “podría generársele un poco más de impedimento u obstar para que sea escogido posteriormente porque la Corte podría considerar una justicia parcializada”.
Gómez, entre tanto, para Palencia, “es un funcionario político y es quien más relación con lo político ha mantenido”.
Por lo que, en su opinión, González “ha sido un poco más académica, aunque ha ocupado cargos públicos, pero ello desde mi punto de vista la hace ver más opcionada”.
TOMADO // EL HERALDO
