“La medida de aseguramiento con detención domiciliaria, con la violación de ocho garantías procesales, con interceptaciones ilegales y dolosas, también a uno de los abogados, filtraciones selectivas a adversarios políticos y periodísticos en lugar de publicar todo el expediente, detenido por inferencias, sin pruebas directas, sin recibir varias declaraciones, con compulsa a testigos a favor, sin que mis abogados hubieran podido contra interrogar, con el magistrado que advertía de posible auto incriminación para ayudar a la contraparte a esconder mensajes, anulan cualquier expectativa de poder regresar al Senado, institución en la cual procuré ser cumplido y aportar con estudio a los diferentes temas”.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez renunció a su condición de senador de la República. Este sería el primer paso para lograr que la Corte Suprema de Justicia, a la cual le ha endilgado varios epítetos despectivos, no sea la instancia jurisdiccional que lo juzgue en el marco del proceso penal que cursa en su contra por los delitos de presunto fraude procesal y soborno.
En otras palabras, buscará que su proceso pase a la justicia ordinaria, lo cual podría definirse en los próximos días.
Como senador no la tenía fácil. Por un lado la Ley 5 del 17 de junio de 1992, mejor conocido como reglamento del Congreso de la República, le ponía limitaciones muy estrictas a su desempeño como congresista, ahora cobijado bajo una imputación de cargos, y con una medida de aseguramiento de tipo domiciliario, y demanda su retiro definitivo del Salón Elíptico, en el hipotético caso de que una condena quede en firme.
Para ser específicos, hablamos del Artículo 277 del estatuto del Congresista, en el que se lee: “Cuando se tratare de hechos punibles o conductas que conozca la Corte Suprema de Justicia, la suspensión sólo es procedente cuando se haya dictado resolución acusatoria debidamente ejecutoriada.
Pero otro lado, Uribe se enfrentaba a una Corte Suprema de Justicia que según él tiene sesgos políticos. En sus más recientes apariciones públicas, en varios medios de comunicación, insistió en la necesidad de proponer que nombren un tribunal de Honor: “Si encuentran una mentira en sus testimonios se sometería a una sentencia anticipada”, indicó el exmandatario nacional para luego insistir que en su proceso hay sesgo político o y falta de independencia de los magistrados de la Corte.
Anomalías en el proceso
“Más iluso yo que pensar que el magistrado Reyes iba a proceder con independencia cuando ha sido compañero laboral de la señora esposa del señor Cepeda, líder de Farc. En estos días oía políticos decir que el respeto a las instituciones. ¡Perdón! Que las instituciones se hagan respetar… Esos magistrados son los que están irrespetando la institucionalidad”, aseguró.
Estos aspectos los destacó igualmente a lo largo de su carta de renuncia, en la cual detalló algunas de las anomalías que ha encontrado en su proceso.
Por ejemplo, se refirió a las interceptaciones ilegales a su teléfono que posteriormente los magistrados de Corte Suprema de Justicia reconocieron como una prueba legal.
“Las interceptaciones ilegales fueron dolosas, fueron 22 mil en tiempo record y en esas no hay una sola palabra mía que viole el código penal”.
“El investigador del CTI, Óscar Álvarez les dijo: me dijeron interceptar al doctor Nilton del Chocó pero este es el teléfono de Álvaro Uribe y le dijeron, siga”
En cuanto a la violación de las garantías procesales dijo que “A mí me negaron una versión libre, yo había preguntado si había un proceso contra mí y lo negaron. Me arrestan nueve meses después de una indagatoria sin hechos nuevos”.
Carta de Renuncia
Además de insistir en la falta de garantías procesales en la Corte Suprema de Justicia, el ahora senador de la República indicó en su carta de Renuncia que desea que se ponga en marcha una reforma a la justicia, “en la que se recupere de tantas dificultades sin poner en riesgo las libertades, con seguridad democrática y eliminación del narcoterrorismo. Insisto en la necesidad de una economía fraterna, sin odio de clases y sin egoísmo, que lleve de la mano un gran apoyo a la empresa privada y a la política social. Reitero la creencia en un estado de austeridad burocrática, con más recursos para la educación y la salud y con más espacio para la creatividad del emprendimiento privado.
“Hago votos por una reforma a la justicia que la despolitice al cambiar el sistema de elección de magistrados. Estos deberían llegar a la alta corte en edad madura que haya disuelto las vanidades y afianzado el apego a la rectitud, estar allí por largo tiempo en lugar de utilizar la silla giratoria hacia los negocios o la política”, puntualizó el exmandatario nacional.
¿Quién viene?
Según el artículo 275 del Estatuto del Congresista, una vez presentada la renuncia ante la Mesa Directiva, se resolverá sobre la misma dentro de los diez (10) días siguientes. El artículo siguiente indica que la falta absoluta de un Congresista autoriza al Presidente de la respectiva Cámara para llamar al siguiente candidato no elegido en la misma lista del ausente, según el orden de inscripción, y ocupar su lugar. En este evento el reemplazo deberá acreditar ante la Comisión de Acreditación Documental su condición de nuevo Congresista, según certificación que al efecto expida la competente autoridad de la organización nacional electoral.
En ese contexto, Milla Patricia Romero, una de las principales voceras y promotoras del uribismo en Norte de Santander, sería quien ocupe la curul del exmandatario nacional.
Milla Romero no ha sido política pero sí una activista decidida del uribismo, es Cucuteña del común, es esposa y madre de tres hijos, estudió en la Universidad Francisco de Paula Santander y se graduó como ingeniera civil especializada. Tiene experiencia en administración pública, y ha trabajado con proyectos como las pavimentaciones comunidad –gobierno, las escuelas deportivas para la paz.
