Escuchando las agresivas declaraciones del señor presidente de la república, Iván Duque Márquez y del alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos Arévalo, donde amenazan con cadena perpetua al fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso Gómez, queda en el ambiente la impresión que se están utilizando excesos verbales para calificar una situación y unas circunstancias de la vida nacional, donde la llamada ‘Justicia Restaurativa’, que se viene aplicando a los desmovilizados de las guerrillas de las FARC, también aplica a las miembros de las organizaciones armadas de extrema derecha como las AUC, que vienen cumpliendo penas de prisión en los Estados Unidos, por haber sido extraditados a ese país por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por la relativa financiación del conflicto armado con los recursos provenientes del narcotráfico.
Los cincuenta años de violencia guerrillera en Colombia dejaron más de trescientos mil muertos y, sin embargo, sus actores y protagonistas de la subversión y el terrorismo, que masacraron pueblos, secuestraron hacendados y finqueros, que también se lucraron del narcotráfico, no han pagado un solo día de prisión. Las autodefensas fueron una respuesta a los excesos de las FARC, el ELN, el EPL y también una respuesta justificada de los grupos campesinos del Magdalena Medio santandereano que se organizaron para defenderse legítimamente en regiones de El Carmen de Chucurí y Santa Helena del Opón, muchos de ellos fusilados y muchos otros desterrados de su territorio.
Como lo ha explicado el ex ministro de minas, Álvaro Leyva Durán, personaje bastante metido dentro de los procesos de paz en Colombia, la ‘Justicia Restaurativa’ que fue parte de los acuerdos de La Habana, debe aplicarse con la consideración y el respeto debido para ambos lados, para los actores armados de izquierda, que han sido los movimientos guerrilleros y para las organizaciones armadas ilegales de la extrema derecha, donde se ubica Salvatore Mancuso Gómez, próximo a cumplir una sentencia por el delito de narcotráfico que le fue aplicada en los Estados Unidos. Salvatore Mancuso Gómez, conocido también como ‘Santander Lozada’ es un hombre con formación universitaria, que estudiaba en Bogotá cuando miembros de su familia en la ciudad de Montería, su tierra natal, fueron víctimas de secuestro y asesinato por las guerrillas comunistas de las FARC.
Es que la guerra de guerrillas creó en Colombia varios bandos de monstruosa violencia, como respuesta a las acciones criminales de las FARC, que ahora gozan de fuero constitucional, protegidas por el Estado colombiano de conformidad con los acuerdos de paz suscritos por el expresidente Juan Manuel Santos y es entendible que, como lo afirma el ex ministro Álvaro Leiva Durán, aplique para los actores armados de izquierda y también para los actores armados de derecha. Por tanto, el señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez y el Alto Comisionado para la Paz, con sus fuertes declaraciones ante el mundo, para perseguir al señor Mancuso en cualquier lugar donde se encuentre, están invadiendo las funciones de la ‘Justicia Especial para la Paz’ (JEP), que se creó precisamente para reconciliar al país por los crímenes más horrendos que haya conocido la historia de esta nación.
Por eso, cuando el Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos Arévalo, lanza el mensaje al mundo según el cual el “Gobierno de Colombia utilizará todos los canales judiciales, en el marco de la cooperación internacional, para insistir en la extradición al país de Salvatore Mancuso”, no hace otra cosa que atizar el incendio de la violencia, que está resucitando en diferentes regiones de Colombia.
