En las próximas horas se daría el fallo de una acción de tutela en torno al proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe por el caso de soborno a testigos, que inicialmente lo llevaba la Corte Suprema de Justicia pero luego fue asumido por la Fiscalía.
Muchos están pendientes de esa tutela, que está en el despacho del magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, debido a que se podría convertir en un recurso en el que varios congresistas, en la misma situación de Uribe, podrían acceder a nuevas reglas del juego para sus respectivos procesos, entre los ‘beneficiados’ estaría el exgobernador Richard Aguilar Villa.
De hecho, para muchos, Aguilar, capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia, decidió renunciar a su curul en el Congreso de la República para que su proceso pase a la Fiscalía, tal como lo hizo Uribe.
Cambio en las reglas de juego
El exsenador Aguilar está en la misma situación en la que estaba el exmandatario ya que la Corte lo había llamado a indagatoria y por eso le dictó medida de aseguramiento. Hoy Aguilar, igual que el expresidente Uribe, es un imputado.
La jurisprudencia dice en el sistema penal viejo que quien ha rendido indagatoria, en el nuevo, pasa a ser un imputado.
Pero si la tutela es fallada a favor de Uribe esto implicaría que ya no quedan automáticamente como imputados a pesar de haber rendido indagatoria, esto significa que todo aquel en una situación similar puede renunciar a su curul para que sea la Fiscalía quien lo investigué y se pierdan años de investigación en la Corte Suprema de Justicia.
No solo Uribe y Aguilar se beneficiarían de eso, también el representante por Cundinamarca José Edilberto Caicedo, quien renunció a su curul después que la Corte le dictara medida de aseguramiento con detención domiciliaria.
Si la tesis que plantea la defensa de Uribe en su tutela gana en la Corte Constitucional todos esos casos de investigaciones a congresistas tendrían que volver a empezar de cero. Para muchos juristas, este es un mecanismo para evadir a la Corte Suprema y dilatar sus procesos. Pero la defensa de Uribe asegura que “esta es una manera de buscar una justicia imparcial”.
Silla vacía en el caso Aguilar
La Constitución es clara y en su artículo 134 asegura que en ningún caso podrán ser reemplazadas las curules de quienes sean condenados por, entre otros delitos, contra la administración pública. Tampoco los que renuncien habiendo sido vinculados en procesos penales por la comisión de esos mismos delitos.
Este sería el caso de Richard Aguilar y de José Edilberto Caicedo, lo que significan dos nuevas sillas vacías en el Senado de la República, dos pérdidas grandes para Cambio Radical y el Partido de la U, respectivamente.
