La multiplicación de los atracos callejeros, del asalto a mano armada en restaurantes y plataformas comerciales en diferentes ciudades del país, impone la necesidad de aplicar el derecho a la defensa, con armas letales para exterminar a los ladrones y bandidos que han asolado el territorio nacional.
El día anterior, un empresario que estacionaba su camioneta particular en una zona residencial al oriente de Bucaramanga tuvo que soportar pasivamente la agresión de dos apaches que se movilizaban en una motocicleta y que lo obligaron a entregar, bajo amenaza de muerte, todo su dinero, su teléfono celular y otras pertenencias.
A la misma hora, grupos vandálicos ubicados en la población de Usme, departamento de Cundinamarca, asaltaban almacenes y supermercados, sin que los comerciantes pudieran ejercer su derecho a la defensa.
La semana pasada asesinaron en las calles de Bogotá a cuatro personas por despojarlas de los teléfonos celulares, de relojes de pulsera, de dinero y de otros elementos de uso personal.
Los sicarios y atracadores utilizan como equipo de transporte las motocicletas; abordan a sus víctimas con armas letales, algunas de ellas de uso privativo de las fuerzas militares y de policía.
Hasta en las ceremonias mortuorias han aparecido esta semana grupos de atracadores que se han tomado por sorpresa los escenarios religiosos, para despojar del dinero, de sus joyas y elementos telefónicos a las agobiadas familias que les rendían el homenaje póstumo a sus seres queridos.
A un profesional de la medicina que acababa de realizar actividades propias en el Hospital San Ignacio de Bogotá, un taxista, — ¡quién lo creyera!, que hacía turno para transportar a los clientes de un restaurante situado al norte de la capital de la república, le colocó un revólver magnum en la nuca y estuvo a punto de disparar para arrebatarle el teléfono celular, el fonendoscopio y un reloj de pulsera.
El gremio de los taxistas está infiltrado por bandidos de la peor laya en Bogotá y en otras ciudades del país.
La necesidad de portar armas de defensa personal aumenta todos los días al ritmo de la terrible inseguridad que estamos padeciendo los colombianos.
Mientras en el Congreso de la República la representación política de los bandidos de las FARC se opone a la venta de armas para las personas particulares que están expuestas al riesgo de sus propias vidas, porque según los cómplices de la subversión y el terrorismo, el desarme general es una conquista de los partidarios de la paz, en las calles de las grandes ciudades se solazan las bandas criminales que atracan, roban, los captura la policía, para que los fiscales y los jueces de la república, que actúan en contravía de la realidad nacional, los pongan en libertad.
Tenemos en Colombia una total impunidad, agravada con el mal ejemplo del proceso de paz que firmara el expresidente Juan Manuel Santos con las guerrillas de las FARC, que ahora tienen derecho a curules en el Congreso de la República, en las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales.
El derecho a la defensa personal impone la necesidad y la obligación del señor presidente de la República, de restablecer la venta de armas para los particulares, que pueden convertirse en las Ligas de Seguridad Ciudadana, adscritas a los cuerpos de vigilancia del Ejército y la Policía, que necesitamos en campos y ciudades de Colombia, para devolverle la tranquilidad al país.
