Colombia es uno de los países del mundo, más peligroso y frustrante para ser joven. No tienen oportunidades ni garantía de hacer efectivos sus derechos. La primera oportunidad que la sociedad debe ofrecerles, es la de no morir violentamente.
Un problema crítico que tiene nuestra democracia, es que a los jóvenes se les ha excluido de los procesos de construcción política y de la toma de decisiones en el Estado. Esto ha hecho que la política en Colombia se entienda a partir de la interpretación de unas cuantas y anquilosadas camarillas políticas que no tienen la capacidad de entender los cambios sociales, ni interés por responder a las necesidades de millones de jóvenes que ven sus posibilidades de acceder a un empleo digno o educación de calidad, cada vez más lejanas. En suma, la clientelista forma de hacer política en Colombia, excluye a los jóvenes y no ha sido capaz de ofrecerles opciones reales de desarrollo individual y colectivo.
En vez de dialogar con la juventud, las anquilosadas fuerzas políticas, prefieren verla como enemiga del injusto orden social que han creado y eligen etiquetarla como vándala antes de reconocerla, respetarla y escuchar cuáles son sus reclamos, o por lo menos intentar comprender por qué la desesperanza amenaza a millones de jóvenes. Si algo invalida, hoy, a las maquinarias políticas en Colombia, es que solo piensan en perpetuarse en el poder, han preferido ver como enemigos a los jóvenes, cuando ellos deben ser parte fundamental en la construcción de un nuevo sentido de Nación.
Tenemos un desempleo juvenil cercano al 25%, un acceso a la educación superior de apenas el 48%, y tasas de depresión y suicidio que día a día se incrementan en la población joven -el rango de edad con más casos de suicidio es entre los 20 y los 24 años-. En lugar de estigmatizarlos y usar el aparato represivo del Estado para atacarlos cuando se movilizan pacíficamente, debemos trabajar a su lado por crear condiciones sociales que les brinden esperanza.
Por todo esto, debemos, entre otras, abrir más y mejores espacios de participación juvenil que sí incidan en la toma de decisiones institucionales. También, fortalecer la educación pública y crear un nuevo marco de acceso a la financiación de las matrículas en condiciones de justicia educativa. El ICETEX no puede ser una fábrica de estudiantes endeudados. Además, urge diseñar una política nacional en materia de salud mental juvenil que logre interpretar y desarrollar acciones acordes a sus necesidades y poner como prioridad central la creación de puestos de trabajo dignos para los jóvenes. Es decir, en vez de condenarlos al olvido, la muerte y la represión, debemos forjar a su lado nuestras esperanzas como Nación.
Columnista Invitado //
