La tutela fue radica inicialmente en el Tribunal Administrativo de Santander pero dada la seriedad del tema y la incompetencia de la sala regional para decidir en la materia, la magistrada Francy Del Pilar Pinilla Pedraza remitió el expediente al Consejo de Estado donde los máximos consejeros de lo contencioso y administrativo deberán responder con carácter de urgencia la solicitud, impetrada por una santandereana quien consideró mas que injusta la decisión adoptada por el Congreso de la República de dejar por fuera a Santander en la distribución de las curules de Paz.
Para entender con suficiencia el tema, hay que empezar por el contexto: A mediados de agosto pasado el Congreso de la República aprobó aumentar el número de curules en la Cámara de Representantes para darle cabida a las regiones que fueron más golpeadas por la violencia del Conflicto Armado, trámite legislativo que se efectuó en el marco de los Acuerdos de Paz con las Farc, firmados hace 5 años en La Habana.
De acuerdo con el documento aprobado en el Salón Elíptico, la Cámara baja tendrá 16 curules adicionales para los periodos constitucionales 2022-2026 y 2026-2030, cuyos representantes serán elegidos en igual número de circunscripciones transitorias en la jornada electoral en la que se elegirá al resto del Congreso de la República, es decir, el 26 de marzo, y los candidatos resultarán de una lista de víctimas inscritas en la Unidad de Víctimas, cuyo número sería cercano a los 5 mil candidatos, distribuidos en las 16 circunscripciones de paz.
Según la ley sancionada por el Presidente de la República, las curules de paz no coinciden con las mismas circunscripciones de los departamentos, sino que corresponden a áreas específicas determinadas por el Acuerdo de Paz, por haber sido afectadas por la violencia y tener una escasa representación política, entre otras características.
Este último aspecto es el que ahora ha generado una sensación de injusticia pues a pesar de que la región del Magdalena Medio Santandereano y el departamento de Santander cumplen ampliamente con las dos categorías (alta afectación de violencia y baja representación en el Congreso), desde Bogotá se decidió no privilegiar a las víctimas de esta región.
Desconocieron la violencia Del conflicto en Santander
Quien ahora busca desde el rango constitucional que se proteja como víctima del conflicto sus derechos fundamentales a la igualdad, a elegir y ser elegidos y al libre desarrollo de la personalidad, es Marilú Vásquez Gualdrón quien, para permitir que a las curules de paz accedan las víctimas de Santander y su área de influencia en el Magdalena Medio, entuteló al Congreso de la República de Colombia, a la Corte Constitucional y hasta al mismísimo Presidente de la República.
“Soy una víctima del conflicto armado, y como conocedora de las diversas circunstancias y consecuencias que esta violencia a representando para Colombia, he decidido dedicar mi vida a la defensa de los derechos humanos y los derechos de las comunidades devastadas por el conflicto principalmente, y qué mejor escenario que hacerlo desde la cuna de la democracia. Por eso no se entiende que el Congreso vulnerara mis derechos, y los de muchas víctimas, al tramitar y aprobar, el Acto Legislativo 02 de 2021 que creó las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz”, indicó a EL FRENTE Vásquez Gualdrón, quien le exige al rango constitucional que permita que las víctimas de Santander tengan oportunidad de ocupar una de las curules de paz.
“Desconocieron que esta región históricamente ha sido protagonista de primer orden de la violencia en Colombia y que los hechos violentos de los últimos 50 años propiciados por grupos guerrilleros y paramilitares entre otros, han dejado grandes consecuencias, secuelas en buena parte de la población de Santander, dejando miles de víctimas como YO”, añadió la mujer quien para soportar los argumentos de su tutela se dio a la tarea de relacionar de manera detallada la ubicación de grupos armados ilegales y parte de su accionar en el departamento de Santander.
“En el entendido que siendo víctima del conflicto tengo igual derecho que cualquier persona de las zonas declaradas para participar en este ejercicio político. especial, derivado del proceso de paz, al igual que vulnera mi Derecho a la PAZ, en el sentido que “La violencia contra quienes dejaron las armas en el contexto del Acuerdo, y contra quienes defienden los derechos humanos y los derechos de las comunidades devastadas por el conflicto, sigue siendo la amenaza más grave para la construcción de paz en Colombia”.
