En desarrollo de la “operación muralla 2”, la Policía Nacional neutralizó una gigantesca red de extorsión que actuaba desde por lo menos 3 cárceles del territorio nacional, al capturar, además, a 36 compinches — en su mayoría mujeres– que actuaban por fuera de los centros penitenciarios, encargados de cobrar las “vacunas”. La operación, en la cual intervinieron más de 400 hombres de la Policía, se realizó en forma simultánea en 13 ciudades del territorio colombiano, en donde se adelantaron 23 diligencias de allanamiento. La investigación policial estableció que siete cabecillas de la estructura delincuencial, denominada “los sindicados”, era presos de las cárceles Ternera, de Cartagena; El Bosque, de Barranquilla y de Girón en el departamento de Santander. Los siete reclusos fueron señalados como responsables de las llamadas extorsivas, las cuales se hacían a empresarios y comerciantes de diferentes ciudades del país especialmente Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, teniendo como base información de las víctimas que les suministraban sus cómplices los días de visitas y que correspondían a páginas de directorios telefónicos e información comercial de anuncios de periódicos. El informe de la Policía señala que la investigación permitió conocer que para el desarrollo de las extorsiones, los internos utilizaban terceras personas las cuales facilitaban nombres, números de cédulas. Los extorsionistas exigían el pago a través de diferentes empresas de giros y el dinero era luego reenviado a familiares de los internos. Las indagaciones del grupo Gaula, pusieron al descubierto que esta modalidad extorsiva utilizaba las amenazas para presionar a sus victimas a pagar los dineros exigidos. Lo hacían a través de llamadas telefónicas desde sus celdas de reclusión, simulando ser integrantes de una banda criminal con presencia en la ciudad en donde se encontra la víctima. Igualmente argumentaban estar realizando una supuesta “limpieza social” y que por tanto debían apoyar a la “organización” con su dinero. También, utilizando otra modalidad, hacían llamadas a teléfonos fijos de hogares, haciendose pasar por un familiar de la persona que atendía la llamada y pedía colaboración económica para salir de un problema judicial. Posteriormente otro delincuente simulaba ser miembro de alguna entidad de seguridad del estado y pedía el dinero a través de giros para desistir de la acción judicial. Esta estructura alcanzó a mover más de 900.000.000 millones de pesos, producto de las extorsiones realizadas. La Policía Nacional indicó finalmente que dispuso toda su capacidad logísticas para trasladar a los 36 capturados a la ciudad de Cartagena para la respectiva judicialización y de ellos 26 ya fueron cobijados medidas de aseguramiento.
