En 2014 fue desplazada de su pueblo de origen debido a amenazas que recibió tras liderar iniciativas de lucha en contra de la minería ilegal en su territorio. El 4 de mayo de 2019 fue víctima junto a otros activistas de un atentado perpetrado con armas de fuego y granadas en el Cauca que dejó dos heridos.
El partido Polo Democrático Alternativo anunció que hizo oficial el aval para la candidatura presidencial de Francia Márquez para 2022. La colectividad, que hace parte del Pacto Histórico, destacó el trabajo de la candidata en materia de derechos humanos y defensa de la paz.
Alexander López, presidente del partido, afirmó que Márquez buscará hacerse con espacios que han sido ocupado tradicionalmente por grandes poderes en el país, y agregó que el Polo ha avanzado para construir la democracia en Bogotá y otros territorios del país.
“Este encuentro no es casual ni es un encuentro electoral, esto es poner al servicio nuestras luchas, las del movimiento sindical, de los indígenas, de las mujeres, de los jóvenes, de nuestros mayores, de estos proyectos de país que hoy continúan su curso, no empiezan hoy. Este no es un acuerdo político, es la decisión que hemos tomado históricamente de luchar por los derechos de nuestro pueblo”, dijo.
También, recalcó que Márquez reúne los requisitos para darle un nuevo aire a la política pues, según él, si resulta elegida, impondría una nueva forma de gobernar.
La precandidata nació en 1982 en la vereda Yolombó, perteneciente al municipio de Suárez al norte del departamento del Cauca. En el 2013, fue nombrada como representante legal del Consejo Comunitario de comunidades afrodescendientes del corregimiento la Toma, cargo que ejerció hasta el 12 de diciembre de 2016. Participó en la llamada «Marcha de los Turbantes» en 2014 para exigir el fin de la minería ilegal y la ocupación de tierras.
En diciembre del 2014, fue a La Habana como víctima en la quinta delegación. En este proceso participó ante la mesa de los diálogos de Paz con su relato sobre la forma en la que el conflicto armado político y económico ha afectado históricamente de manera desproporcionada a las comunidades afrocolombianas.
A finales de 2014, fue desplazada de su pueblo de origen debido a amenazas que recibió tras liderar iniciativas de lucha en contra de la minería ilegal en su territorio. En su condición de desplazada por la violencia armada, fue invitada a viajar a Cuba a desarrollar actividades con las delegaciones del gobierno y las FARC en el marco del proceso de paz.
En el 2016, participó en el paro realizado por la Cumbre agraria Étnica y Popular. Estuvo en la mesa política y enfocando su trabajo al tema de víctimas. En abril de este mismo año, viajó a Suiza para dialogar sobre los retos y desafíos del proceso de paz, y los derechos de los pueblos étnicos Afrocolombianos e indígenas. Posteriormente, en el mes de mayo, viajó a París al Foro sobre Minería y buenas prácticas, organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Durante los últimos 6 años ha viajado a Estados Unidos, Ecuador, Panamá, México, Cuba, Suiza y Francia para visibilizar con la comunidad internacional las violaciones sistemáticas a los derechos humanos a las que como pueblo afrocolombiano permanentemente han sido sometidos, y para resaltar la resistencia y la lucha por permanecer en los territorios ancestrales.
En 2018, fue candidata al Congreso de Colombia por el Consejo Comunitario del río Yurumanguí (CCY) en alianza con el candidato presidencial Gustavo Petro. El 4 de mayo de 2019 fue víctima junto a otros activistas de un atentado perpetrado con armas de fuego y granadas en el Cauca que dejó dos heridos.
