Las elecciones legislativas que se realizaron en el país el pasado 13 de marzo dejaron electos, hasta el momento, a varios congresistas que ocuparán una curul en el Senado de la República, pese a estar investigados ante la Corte Suprema de Justicia o con procesos disciplinarios.
Aunque la lista puede ser más larga, Colprensa le cuenta sobre seis personajes públicos que, mientras los cambios en los escrutinios no digan otra cosa, podrían posesionarse el próximo 20 de julio de 2022, que están investigados por presuntos actos de corrupción, vinculación con grupos al margen de la ley y hasta narcotráfico.
Piedad Córdoba
La representante por el Pacto Histórico Piedad Córdoba, tiene una indagación en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, por lo que se ha denominado la ‘Farcpolítica’.
La génesis de este proceso se remonta a los computadores que fueron hallados tras el bombardeo a Raúl Reyes, donde se encontró información sobre la existencia de ‘Teodora Bolívar’, que el alias que utilizaba Córdoba como contacto de la organización criminal.
En su proceso ha declarado su exasesor Andrés Vásquez, quien indicó que Córdoba se habría puesto de acuerdo con el secretariado de las Farc para obtener el mayor beneficio político posible con la liberación de los secuestrados, tanto para ella como para el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Córdoba, según las declaraciones, también habría asesorado a las Farc, sobre cuál era la mejor forma para entregar las pruebas de supervivencia y para realizar la liberación de los secuestrados, de forma que fuera bien interpretada por la opinión pública.
También mencionó que la exsenadora se habría molestado mucho con la ‘Operación Jaque’, que permitió la liberación de Ingrid Betancourt y los tres contratistas estadounidenses, entre otros secuestrados, porque le quitó la oportunidad de aprovechar políticamente el hecho.
Además de Vásquez, han declarado el congresista Iván Cepeda, el periodista Daniel Samper Pizano y el exguerrillero Milton de Jesús Toncel, más conocido como ‘Joaquín Gómez’, quienes la defendieron, argumentando que si no hubiera sido por ella, no se habría efectuado la liberación.
Córdoba tiene una indagación adicional por estar vinculada, presuntamente , con el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, quien está preso en Estados Unidos, donde enfrenta un juicio por lavado de dinero.
Mario Castaño Pérez
El senador Castaño llegó al congreso con el aval del partido liberal, quien decidió apoyarlo a pesar de las pruebas que se han mostrado en su contra. Sin embargo, es investigado por ser el presunto cabecilla de una red criminal que cobraba el 10 % por manipular contratos para favorecer su asignación a determinados particulares, en el departamento de Caldas.
Según las investigaciones, tenía un equipo de colaboradores contra los cuales se llevó a cabo una audiencia de imputación de cargos que cobijó a nueve implicados. Esta gestión irregular incluía, presuntamente, el perfilamiento de personas desempleadas para que obtuvieran puestos en el ICBF, el Sena, la Procuraduría, la Contraloría y la Agencia Nacional de Minería, y desde allí contribuyeran a obtener votos a favor del senador.
Entre los proyectos en los que se habría beneficiado Castaño, y que llevaron a la Corte Suprema de Justicia a abrir la investigación penal en su contra, por el delito de concierto para delinquir, están ‘Sacúdete al parque’, del Ministerio del Interior, en el que, según la Fiscalía, Castaño podía llegar a recibir hasta 100 millones de pesos por cada cancha construida; y uno para la producción de licores en Chocó, que le podría dejar hasta entre 15.000 y 20.000 millones de pesos al año, durante 15 años.
Arturo Char
Por el partido Cambio Radical, y con una fuerte votación, llegó al senado Arturo Char, quien es investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por su posible participación en el entramado de corrupción electoral que condenó a 11 años y 4 meses de prisión a la excongresista, Aida Merlano.
En este caso ha declarado recientemente la misma Aida Merlano, quien en su declaración salpicó al presidente de la República, Iván Duque Márquez; y al exfiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de quienes dijo que estuvieron vinculados con su captura y posterior condena.
Además, manifestó que Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga habrían recibido dineros de los Char, quien también es señalado por Merlano como una de las personas que organizó, financió y ejecutó el plan que condujo a su fuga, el primero de octubre de 2019.
Óscar Barreto Quiroga
El exgobernador llegó al Senado con el aval del partido Conservador. Actualmente está acusado por presuntas irregularidades en 12 contratos suscritos con la Corporación para la Promoción del Desarrollo Rural y Agroindustrial, para educación y vivienda de interés social en la región, acuerdos que delegó a nueve de sus secretarios entre 2008 y 2011.
De acuerdo con la Fiscalía, se detectó que los convenios priorizados permitieron a la entidad seleccionada subcontratar de manera directa, sin licitación pública, para que terceros se encargaran de la construcción de obras civiles y programas de vivienda de interés social prioritario.
De igual manera, quedó en evidencia que entre los subcontratistas estaría una de las personas que donó dinero para la campaña de Óscar Barreto a la gobernación 2008-2011, y un hermano de este presunto aportante.
Dentro de su historial ha tenido investigaciones por parte de la Procuraduría, por supuestamente ejercer presión sobre los miembros de la asamblea de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), para la elección de los alcaldes que harían parte del consejo directivo de dicha entidad, para el periodo 2018-2019, y en segunda instancia fue absuelto.
Barreto también fue investigado por la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso contra el exgobernador del Tolima Fernando Osorio, quien fue condenado a 15 años de prisión por adquirir mobiliario escolar para centros educativos del departamento e infraestructura tecnológica para la Gobernación.
Juan Pablo Gallo
El recién elegido senador por el partido Liberal, tras obtener la votación más alta en el departamento de Risaralda, actualmente tiene un proceso disciplinario abierto por parte de la Procuraduría, el cual data del año 2021
Gallo fue suspendido en 2019 de su cargo como alcalde de Pereira, por haber participado de forma indebida en política. Según el órgano de control, habría ejercido presión sobre otras personas, para que respalden aspiraciones políticas de diversos candidatos, en la jornada electoral del 27 de octubre de ese año.
León Fredy Muñoz
Muñoz, quien se lanzó por el partido Verde para llegar al Senado de la República, es investigado por la Corte Suprema de Justicia, por un supuesto caso de narcotráfico, en el que se declaró inocente.
Los hechos datan del año 2018, cuando Muñoz fue detenido en el Aeropuerto José María Córdoba con 145 gramos de cocaína. Muñoz fue llevado a un juez de control de garantías y se le imputó los delitos de tráfico de estupefacientes. En ese momento, se declaró inocente, explicando que fue víctima de un montaje.
Por su investidura como congresista, pues en ese entonces era Representante a la Cámara, el caso fue remitido a la Corte Suprema de Justicia en 2019 y abrió la investigación por el delito de tráfico y porte de estupefacientes y en 2020 la alta corte lo acusó formalmente.
El congresista, dentro de sus declaraciones ha dicho que el hallazgo de la cocaína fue un montaje como venganza por sus denuncias sobre los vínculos que supuestamente la familia Suárez Mira, tenía con la parapolítica.
¿Qué implicaciones tendría su llegada al Senado?
Para el abogado constitucionalista Javier Rincón, los políticos investigados son cuestionados y se cree, en primer lugar, que por eso no deberían presentarse a ningún cargo por elección popular. “Eso jurídicamente es inaceptable, porque existe la presunción de inocencia y el que tiene que probar que que la persona es culpable es un juez”, dijo el abogado.
En segundo lugar, Rincón mencionó que las investigaciones parecieran que estuvieran sustentadas a partir de algunas pruebas que, para muchos, son contundentes. Sin embargo, esas pruebas se deben investigar, para que la información no llegue sesgada a la ciudadanía.
“En algunos casos las pruebas son muy contundentes, entonces el cuestionamiento político que se hace es cómo estas personas, que tienen un interés electoral, se mantienen como candidatos. Precisamente, eso es lo que le han dicho al expresidente Gaviria, es cuestionado por mantener a (Mario) Castaño, en la candidatura al Senado. Pareciera que la razón de sacarlo de la candidatura, el partido puede perder votos”.
Para Francisco Bernate, abogado y presidente del Colegio de Abogados penalistas de Colombia, “es normal que un funcionario público tenga investigaciones abiertas, hace parte de la función pública y no existe ninguna inhabilidad para postularse, incluso para resultar elegidos mientras están siendo investigados. Las inhabilidades surgen al momento de la condena, entonces si no hay condenas no hay problema”.
Por otro lado, los abogados explicaron que los partidos políticos se arriesgan a perder una curul en el Senado o en Cámara, si el candidato investigado es hallado culpable. Esta figura se llama la silla vacía, cuando nadie puede reemplazar esa vacante. Como si el partido fuera de alguna manera ‘multado’.
“Básicamente la silla vacía es un mecanismo establecido en la ley para castigar precisamente a los partidos que se presentan con personas cuestionadas o que en curso del ejercicio de sus cargos, son removidas de su curul, es decir, no se les permite que se reemplace a una persona que fue condenada o que se le decretó alguna medida cautelar de detención”, dijo el abogado Rincón.
Adicionalmente, para él, la persona cuestionada debería de abstenerse a ser elegido por voto popular. “Pero la persona está en todo su derecho, porque con una investigación se presume inocente. La investigación no puede ser considerada como una condena”, puntualizó.
Por último, se esperan los resultados finales de la Registraduría que está en proceso de escrutar la totalidad de las votaciones y así determinar si los senadores electos tiene derecho a subir a su curul.
