“Violencia Territorial en Colombia”, es el nombre del informe reciente que da la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, donde se analiza el impacto del incremento de la violencia1 sobre el goce de los derechos humanos debido a la expansión de distintos grupos armados no estatales y organizaciones criminales en Colombia. Un compendio dado como “recomendaciones para el nuevo Gobierno”, resaltando que el Estado no ha logrado combatir estos grupos ni frenar su expansión y violencia, donde la impunidad supera el 50% de los crímenes contra periodistas en nuestro país.
En celebración hecha en el marco del Día del Periodista el 4 de agosto se hizo alusión a este tema álgido, referenciando los datos dados por la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP-, donde solo en el 2021 ocurrieron 768 amenazas contra reporteros(as) en el país, de los cuales 684 fueron agredidos. Indiscutiblemente es un grupo vulnerable donde los homicidios son la forma más severa de silenciamiento. Según esta misma fuente, la violencia contra los periodistas creció en un 31% durante el último año.
La palabra y el silencio, una frase que enmarca las vicisitudes y avatares a que debe someterse el periodismo en nuestro país a cambio de poder entregar una información clara, precisa, objetiva e imparcial, en este, el que fuera llamado “el mejor oficio del mundo” según nuestro nobel de literatura Gabriel García Márquez, donde la alianza de medios colombianos ha exigido a las autoridades en varias oportunidades que sea respetada la labor de comunicación, sin mayores resultados, considerando que “no se mata la verdad matando periodistas”.
Sin tener en cuenta el número de periodistas amenazados, en lo que va del año, ya son 13 los asesinados, y al menos 35 fueron ultimados en la primera mitad de 2021, cifra funesta que ubica a nuestro país este entre los peores en el ranking en indicadores de libertad de expresión.
Esta es una razón de peso para que el periodista de la radio Giohanyth Solís, haya que tenido que abandonar el país por serias amenazas contra su vida, llevándolo a solicitar asilo político en Ámsterdam, -países bajos- porque infortunadamente no contamos con las garantías de protección que impidan seguir enlutando a este gremio.
La violencia e impunidad contra los flagelos que sufren los periodistas es un problema cada vez más acuciante, constituyéndose en la forma de censura más extrema, como lo ha observado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento”.
Solo esperamos que el estudio hecho por las Naciones Unidas de “Violencia territorial en Colombia” sirva como marco de referencia para mejorar la seguridad del periodismo en nuestro país.
COLUMNISTA INVITADO
Jorge E. Solís
