Si fracasa la propuesta de Paz Total anunciada por el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, quedará demostrado que el uso de la fuerza es el único camino para someter a las bandas criminales emergentes, cualquiera que sea su origen, para recomponer el orden quebrantado de esta nación, donde se ha perdido la confianza en las instituciones por cuenta de la corrupción que ha permeado a las tres ramas del poder público.
Los grupos armados ilegales le han medido el aceite al nuevo gobierno de Gustavo Petro, que desarmó a las fuerzas militares y de policía, al prohibirles el bombardeo de zonas plagadas de narco-guerrilla, al tiempo que llamaba a calificar servicios a cuarenta y dos (42) mayores generales y brigadieres generales, que representaban el mayor inventario de recursos humanos que haya tenido Colombia para combatir al enemigo.
Semejante equivocación le costará al país mayores pérdidas en vidas humanas, como las que se presentaron durante la semana que termina en el departamento del Huila, en la vereda Corozal, del corregimiento de San Luis en la ciudad de Neiva, donde fueron masacrados siete miembros de la Policía Nacional que custodiaban una región campesina donde la plaga del terrorismo, al mando de un narco-guerrillero conocido con el alias de Calarcá sigue imponiendo la Ley de la Selva .
Está demostrado que los terroristas de las disidencias de las FARC, llevados por la codicia para conseguir grandes fortunas, como producto del narcotráfico y de la minería ilegal, no creen en el sometimiento a la justicia, ni entienden otro lenguaje que el tableteo de las ametralladoras. En otras palabras, son las manzanas podridas de un país que se abrió de piernas frente a la subversión y el terrorismo, por la desmedida ambición de capitales malhabidos e imponer dominio territorial donde antes reinaba la paz y la tranquilidad.
Son los grupos terroristas responsables de que diez millones de colombianos hayan abandonado este país y que el presupuesto de guerra haya desbordado la capacidad del estado colombiano para contener la orgía de violencia que sigue padeciendo Colombia.
Desperdiciar la experiencia de las fuerzas militares y de policía para improvisar el relevo de los oficiales superiores con mayor experiencia en el combate, ha creado una situación de incertidumbre y un ambiente de debilidad del nuevo gobierno, que se ha dedicado a predicar la paz para toda clase de delincuentes, como si viviera en un país de ángeles. ¡Está comprobado que una democracia pusilánime y cobarde, no funciona!
La próxima elección de gobernadores y alcaldes debe hacerse con candidatos que garanticen la recuperación de la seguridad para sus comunidades departamentales y municipales, por fuera de los esquemas tradicionales.
Y en ese sentido, valdría la pena elegir gobernadores y alcaldes que tengan experiencia en la lucha contra la subversión y el terrorismo.
Es esa la razón por la cual empieza a conformarse un movimiento cívico en el Cauca para elegir como gobernador a un brillante puede garantizarle la tranquilidad y el progreso a este departamento, su nombre han pedido mantener en silencia hasta que las comunidades entiendan que el famoso PACTO jamás existió sino tan solo fue un revanchismo para tratar de callar al Único PRESIDENTE de Colombia que aplaco la delincuencia que hoy será la causante de muerte de gente buena d ela patria
