Desde el penal de máxima seguridad de Palogordo, el comandante y jefe del grupo Cartel de Sinaloa Nuevo Milenio le envía un mensaje al gobierno nacional para que se le vincule a un proceso de justicia transicional con el objetivo de retornar a la legalidad a un número cercano a los 5 mil integrantes que, según el jefe de esta organización, forman parte de esta estructura. “Queremos cambiar las armas por herramientas de trabajo”.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda
Reportaje Especial / EL FRENTE
A lo largo de sus primeros 30 días de gobierno, el presidente Gustavo Petro ha sido insistente en sus mensajes en favor de la paz, o de la paz total, como la denomina el propio mandatario nacional, concretamente para referirse a la posibilidad que generará su gobierno para permitir una serie de negociaciones con los distintos grupos al margen de la ley, bajo las condiciones de verdad, justicia, reparación y no repetición.
El autodenominado Ejército de Liberación Nacional es el primer grupo al margen de la ley que oficialmente instaló una mesa exploratoria con el gobierno nacional.
Sin embargo, la invitación es clara: todas las organizaciones que encajen en la categoría de crimen organizado, que ejerzan dominio territorial y control social en un determinado territorio del país, están en la oportunidad de acogerse a la propuesta de “paz total”.
En este sentido, y valga la oportunidad para dejarlo explícito, la solicitud no solo se le efectúa a los guerrillas o disidencias, para el caso de las reconfiguradas Farc, sino que también ingresan otros grupos como las nuevas generaciones de paramilitares.
El jefe de Estado ha sido especialmente explícito en este punto.
Invitación presidencial
“Convocamos a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado. A aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia, a trabajar como dueños de una economía próspera pero legal que acabe con el atraso de las regiones”, dijo el recién posesionado Gustavo Petro, segundos después de lucir la banda presidencial, el pasado 7 de agosto, durante su discurso de apertura a su gobierno.
“La paz es posible si desatamos en todas las regiones de Colombia el diálogo social, para encontrarnos en medio de las diferencias, para expresarnos y ser escuchados, para buscar, a través de la razón, los caminos comunes de la convivencia”, destacó el Mandatario y agregó: “es toda la sociedad la que debe dialogar sobre cómo no matarnos y sobre cómo progresar. En los diálogos regionales vinculantes convocamos a todas las personas desarmadas para encontrar los caminos del territorio que permitan la convivencia.
En esa misma ocasión, aseguró también que su Gobierno trabajará “de manera incansable para llevar paz y tranquilidad a cada rincón de Colombia. Este es el Gobierno de la vida, de la paz, y así será recordado”. Mas explícito no pudo ser.
De la misma manera, Petro enfatizó que la guerra mundial contra las drogas fracasó y que es necesario convocar una Convención Internacional en la que se abra una discusión “que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente, que ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados, la mayoría colombianos, durante estos 40 años” y recalcó que “la guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los Estados”, y que “la guerra contra las drogas ha llevado a los Estados a cometer crímenes y ha evaporado el horizonte de la democracia”.
Muy bien. Vamos hasta ahora en política de paz y replanteamiento de la lucha contra las drogas, innegablemente, dos aspectos muy inherentes a todos los grupos ilegales.
Pero sobre este mismo contexto de la paz, el narcotráfico y la guerra, realizó hace pocos días una propuesta presidencial sobre los bienes producto de la ilegalidad.
“Los bienes del narcotráfico, que estén en extinción del dominio o que ya hayan surtido ese proceso judicial, pasarán a la economía popular, y puso el ejemplo de asociaciones de campesinos o de mujeres, y cooperativas de jóvenes, entre otros. Dichos bienes pueden estar avaluados en 22 billones de pesos. Aquí se va a configurar la posibilidad de que los bienes de extinción de dominio de los narcotraficantes —en su doble faceta, los ya extinguidos y los que están en proceso de extinción— pasen a la economía popular”, resalto el mandatario nacional durante un acto público el pasado 1 de septiembre, desde la Casa de Nariño.
El jefe del Cartel de Sinaloa Nuevo Milenio habla desde Santander
Todo este contexto es imperativo mencionarlo debido a que, desde el departamento de Santander, concretamente desde la penitenciaría de mediana y máxima seguridad de Palogordo, el comandante y jefe de uno de los carteles activos en este momento en Colombia conversó con el Periódico EL FRENTE de Bucaramanga , con el fin de que este medio de comunicación funja como puente entre esa organización al margen de la ley y el gobierno nacional, para ser emisora de un mensaje que también tiene como destinatario a la ciudadanía de todo el país.
Hablamos del máximo líder del Cartel de Sinaloa Nuevo Milenio, quien, para brindar confianza y transparencia a su mensaje al presidente Petro, no solo se identificó con nombre propio, sino que también dejó ver su rostro, para darle la cara principalmente al país, pues para las autoridades y la justicia ya es un actor plenamente identificado.
En ese sentido, es pertinente que antes de hablar del mensaje, hablemos del mensajero.
Su nombre es Andrés Mauricio Castaño Marín, alias Pizarro, fue oficial activo de las Fuerzas Militares, teniente del Batallón Luciano Delhuyar, con presencia y jurisdicción en San Vicente de Chucurí, en Santander.
Militó también en el Batallón Bombona Número 8, perteneciente al Distrito de Medellín, en el cual fue como comandante operacional. Así narró su encuentro con la ilegalidad: “Estuve adscrito al Departamento Administrativo de Seguridad (extinto DAS), donde fui jefe operacional de inteligencia y contrainteligencia, entre los años 2004 y 2007. En el 2009, cuándo empieza la restructuración del DAS, me reincorporo al Ejército Nacional, en ejercicio de mis funciones en el organismo de seguridad, empecé a tener conexiones con El Cártel de Sinaloa de México y mi rol dentro de la organización que se instaló en Colombia fue de jefe comandante de la estructura, denominada para el territorio nacional como Cartel de Sinaloa Nueva Generación.
Una propuesta de paz
Castaño Marín en la actualidad purga una condena de 17 años de prisión, tras un preacuerdo firmado con la fiscalía general de la Nación por delitos afines al narcotráfico. De ese total ya quedan poco menos de 4 años.
Sin embargo, su rol de comandante y jefe cobró vigencia hace tres años, no para delinquir, aclaró, sino asumir la vocería frente a una propuesta de paz que ya tuvo su tránsito por el escritorio presidencial, según lo explicó.
De eso hace tres años. De acuerdo con su relato, el mensaje se envió, se receptó y, aunque hubo una aparente voluntad, nunca cuajó.
“En otras palabras, nos entretuvieron con dulces y al final nada. El gobierno no cumplió absolutamente nada y pues en la base de la organización lo que estamos mirando ahorita con el nuevo gobierno, ahí hay como un mejor ambiente, más seriedad para llevar a cabo una negociación”, indicó Castaño Marín quien ha seguido atento toda la oferta que se ha hecho pública frente al tema de la paz, originada desde el gobierno Petro.
La propuesta: cambiar armas por herramientas de trabajo
En sus propias palabras la propuesta inicial luce así: “Nosotros hemos realizado al gobierno nacional una serie de propuestas con el fin de entrar a un proceso de negociación, de justicia transitoria, y que se pueda definir favorablemente la situación jurídica de muchas personas que forman parte de nuestra organización y que en este momento se encuentran en las distintas cárceles del país, así como también para las personas que afuera forman parte de la organización. Todos quieren formalizar su situación judicial.
En total, el número de personas que forman parte de esta organización se aproxima a los 5 mil activos a nivel nacional, tenemos cobertura en distintas partes del territorio, cerca de 300 personas de las 5 mil se encuentran en las distintas cárceles del sistema penitenciario colombiano, todo este grupo de personas formamos parte del Cártel de Sinaloa Nuevo Milenio, un grupo que principalmente se ha dedicado al tema del narcotráfico. Obviamente operamos con una estructura armada.
“La solicitud puntual que se le hace al gobierno son descuentos punitivos para toda la gente que está privada de la libertad. Para llevar a cabo la instalación de una mesa de negociación, estamos solicitando unas libertades especiales para poder realizar una negociación directa con el gobierno nacional.
“Es decir, que se nombren una serie de voceros, algunos de ellos recluidos en algunas de las cárceles del país, con estas autorizaciones se puede ejercer un liderazgo para iniciar la negociación de paz.
“Le proponemos al gobierno nacional que muchas de las personas que forman parte de esta estructura ingresen a programas laborales basados en la seguridad nacional, conformados en empresas que tengan presencia en distintos puntos del territorio nacional.
“Insistimos, lo que deseamos es cambiar las armas por herramientas de trabajo, le pedimos acompañamiento al gobierno para iniciar nuestra inserción en la vida civil de una manera formal, en la legalidad.
Entrega de bienes para reparación social
Castaño Marín además indicó que, apegados a la propuesta de paz efectuada por el gobierno Petro, realizará un inventario completo de bienes que irían a un programa de reparación, en total, avaluados en 90 mil millones de pesos.
“En Santander estamos entregando aproximadamente una cantidad de propiedades avaluadas en 30.000 millones de pesos, cifra que sube a 90 mil millones de pesos con varias propiedades que hay en el resto del país, principalmente en el viejo caldas.
“No queremos decir necesariamente que con entregar todos estos bienes nos van a dar la libertad inmediata, pero si es parte de la propuesta de indemnización y reparación a las distintas víctimas”,
Por último, indicó que quiere que el gobierno nacional escuche su propuesta con el objetivo de contribuir a frenar las consecuencias que genera el narcotráfico.
“Queremos que el gobierno nos mire con la misma importancia con la que se está mirando en la actualidad al grupo con el cual el gobierno nacional ya ofició una mesa de negociación. Así mismo, como el gobierno nacional lo está haciendo también con el Clan del Golfo, Los Pelusos y EPL, y otros grupos al margen de la ley”, puntualizó Castaño Marín.
