La minería ilegal desatada y sin freno en varios rincones del país, ha cercado poblaciones las cuales están copadas por bandas criminales que les cobran ‘vacunas’ exorbitantes a comercios y trabajadores y con la ley del terror, se hacen amos y señores de vastos territorios y retan al Estado al imponer leyes que esclavizan, humillan, explotan y aniquilan a las comunidades.
Nuevamente con ataque a la Fuerza Pública fue la única forma de entender que el Proyecto de Paz Total debe blindar la seguridad nacional
La acción decidida del Gobierno nacional al atacar y destruir, de frente y sin pausa, los llamados dragones que se utilizan para la explotación ilegal de minería de oro en ríos y selvas que contaminan con mercurio, es un mensaje contundente y directo para los grupos criminales, que el Estado no va a claudicar, ni a darles gabelas a los delincuentes.
El llamado Clan del Golfo traicionó el cese al fuego propuesto para empezar a explorar el terreno de la Paz Total ofrecida por el Gobierno y, bajo esas circunstancias, tiene que ser combatido de frente y sin miramientos porque el país ya se hartó de que cerquen poblaciones, secuestren comunidades y se crean intocables, con sus paros armados.
La destrucción de los nocivos campamentos ilegales dedicados a minería y su respectiva logística, valorada en miles de millones de pesos, desató el llamado paro minero con el cual buscan involucrar a quienes sí han sido mineros ancestrales y presionar al Estado con su cobarde demostración de fuerza.
El presidente Gustavo Petro Urrego y las Fuerzas Armadas están en la obligación de garantizar la seguridad del país y sus habitantes. Un NO rotundo para territorios vedados para el Estado y su fuerza pública. Basta de dejar que los criminales se escuden en la población para bloquear regiones como arma de lucha, entre tanto, engañan cuando prometen que van a deponer las armas y a abandonar sus negocios ilícitos.
Colombia es una nación rica, poderosa e indestructible, es lógico que con esa preparación que han tenido las Fuerzas Armadas, el respaldo económico internacional y el armamento de última generación, ataquen y procedan a recuperar los territorios dominados por la criminalidad.
Es complicado pacificar un país en el cual la violencia es ‘normal’, donde la guerra interna ya no les sobrecoge el alma a muchos y donde las masacres, asesinatos, exterminios de comunidades y la desaparición de personas, se volvió un complemento del paisaje.
Con la premisa de negociar el cese del conflicto interno, alimentado por el tráfico de drogas y las alianzas con carteles internacionales, la minería ilegal y los códigos de terror, debe primar el respeto por los derechos humanos y eso es lo que más han violado esos grupos criminales, al poner como escudos a la población civil.
La mano tendida del Presidente Petro con la bandera blanca de la Paz Total, no puede convertirse en un medidor de debilidades o en un duelo de poderes o en el pulso para ver quién da más o cual cede menos.
Antes de cara en ese tire y afloje sin fondo y sin sentido, lo sustancial es proteger a la población honesta y blindar la seguridad nacional.
Colombia lleva más de seis décadas sumergida en una violencia alimentada desde varios escalones de la sociedad y estamos ante la gran oportunidad de empezar a desmontar esas máquinas de crimen y de guerra que no han podido –ni podrán- despedazar la patria, porque los violentos son poquitos, ya están derrotados, pero antes de caer, quieren sacar réditos, así sea con sus inútiles intentos de arrodillar al país.
