La Sala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación anunció que indagará la queja que interpuso el presidente del Senado, Roy Barreras Montealegre, por las publicaciones de Pulido Hernández a través de la red social Twitter, en las que advirtió sobre una supuesta “olla podrida”, y las posibles faltas en que pudo incurrir al tildarlo como una persona cercana a la corrupción.
La Entidad señaló que como parte de la indagación se analizará el video publicado por el senador en el que habría relacionado al parecer, al partido político la Fuerza de la Paz y al presidente del Senado con una empresa que ha sido contratada para prestar servicios y de la cual aparecería su enlace en el Facebook del movimiento.
Con la apertura de la indagación, el Ministerio Público busca verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se pudieron cometer.
Las denuncias de JP
La denuncia la efectuó el senador santandereano por medio de un video en el que hace énfasis en la estrecha (por no decir íntima) relación que existe entre Roy Barreras y el exproductor del Canal del Congreso, John Jairo Uribe, quien valga la pena recordarlo, salió de ese cargo hace pocas semanas enlodado por acusaciones públicas de acoso laboral y sexual a trabajadores del referido medio de comunicación, señalamientos que hoy son materia de investigación en varias instancias judiciales y laborales.
En palabras del senador JP Hernández, Uribe habría sido favorecido con un millonario contrato, del que se habrían desviado jugosas sumas de dinero e insinúa que Barreras habría estado al tanto de los movimientos irregulares, como por ejemplo que Valeria Uribe, hija del cuestionado señor Uribe, creó una empresa (presuntamente de papel) que sirvió para luego ser recontratada por ella y su padre para la ejecución de contratos con valores cercanos a los 4.000 millones de pesos.
Subcontratación irregular
Según la documentación presentada por el senador santandereano, Roy Barreras firmó el contrato a finales de agosto del año 2022, luego de asumir su curul como presidente del Senado de la República, contrato numerado con el radicado 9-83 del 2022, y el cual consistió en entregar a la empresa Digitex la ejecución de 8.000 millones de pesos para la producción de contenidos en el Canal del Congreso de la República, tal y como ya había ocurrido en el pasado, pero por una suma muy inferior: 2.200 millones de pesos.
Lo preocupante del asunto es que Digitex, días después de la legalización del convenio con el Presidente del Senado, recontrató otra firma con razón social Espejo Público, la cual ha sido criticada pues a juicio de muchos no contaría con la logística, el personal ni los equipos para operar un canal de televisión.
Y ahí viene el hedor: resulta que la firma Espejo Público es de propiedad de Valeria Uribe, quien funge como única accionista, y al ser recontratada para la ejecución del contrato recibió por el mismo objeto la suma de 4 mil millones de pesos, y no los 8 mil iniciales que se le pagaron a la firma Digitex, empresa que para Hernández también tiene manejos irregulares en su contabilidad pues asegura que de los 105 contratos del personal contratado por Digitex se estableció que en 95 de estos evidencian casos de presunta corrupción, ya que los trabajadores firmaron un contrato con un salario inferior al establecido en el convenio entre la compañía y el Senado de la República, de este presunto descuento salarial, los trabajadores no tienen conocimiento.
