Campesinos, indígenas y trabajadores del campo colombiano realizarán este lunes un paro cívico y una movilización pacífica denominada Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, con la cual pretenden enviar un mensaje al gobierno que indique el rechazo del modelo económico, de libre comercio y repudio a los paramilitares que aún operan en su territorio.
“Luego de los incumplimientos del gobierno colombiano a los distintos acuerdos firmados con el sector campesino, La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, hace el llamado a la Minga nacional agraria, una serie de movilizaciones, marchas y diversas acciones de protesta que se desarrollaran a partir del 30 de mayo a lo largo y ancho del país”, reza un comunicado emitido por la Cumbre Agraria Étnica y Popular.
Omar Fernández de la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (Comosoc) declaró a teleSUR que “a dos años de haber iniciado esta negociación con el gobierno nacional, en ninguno de los ocho puntos del pliego se ha logrado avanzar de una manera clara y ostensible”.
Esta movilización y concentración campesina nacional es convocada por la Cumbre Agraria Étnica y Popular y el Congreso de los Pueblos, apoyados por movimientos ambientales y el movimiento agrario nacional. Se espera que la movilización se realice en 27 departamentos del país.
El paro agrario cuenta con el apoyo de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), de la Marcha Patriótica, de movimientos campesinos, estudiantiles, sindicales y populares, así como de transportadores y organizaciones agrícolas.
Durante las movilizaciones de calle, los trabajadores exigirán que se reconozcan las zonas de reserva campesina, los territorios indígenas y ancestrales, las zonas agroalimentarias y los territorios afrocolombianos.
Indígenas han denunciado que los territorios se han visto afectados por la implementación de un modelo agroindustrial y mineroenergético que está generando despojo de territorios. En ese sentido, exigen que se derogue la ley Zidres que ha promovido inversión por parte de multinacionales y daño a pequeños productores campesinos de Colombia.
Por su parte, el gobierno de Juan Manuel Santos considera que no ha incumplido los acuerdos de 2013, sino que ha destinado recursos para satisfacer las demandas y que el propio Santos, los ministros y otros altos funcionarios han sostenido múltiples reuniones con voceros de los movimientos agrarios con una clara disposición al diálogo.
¿Qué exigen?
Jimmy Moreno, dirigente del Congreso de los Pueblos y vocero de la Minga, plantea que la exigencia principal de las comunidades campesinas y étnicas es que el Gobierno cumpla sus promesas, “porque en medio de sus discursos sobre la paz que se avecina hay aspectos puntuales, que de no solucionarse de manera prioritaria, se van a convertir en serios obstáculos en un ambiente de posconflicto”.
El principal rechazo de la comunidad recae sobre la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres), una ley que enfoca el desarrollo agropecuario en zonas donde se requiere alta inversión, y que lo que propicia es la intensificación del modelo de agroindustria, el cual ya impera en el campo y no favorece al pueblo, sino a los grandes empresarios y multinacionales del agro, según Moreno.
El campesinado también se queja sobre el otorgamiento de licencias para la explotación minera en ecosistemas estratégicos sin la previa consulta de la gente afectada en esas regiones. El modelo minero no respeta la autonomía territorial y pasa por encima de la defensa de los territorios, la preservación de las fuentes hídricas y la economía campesina
