La libertad de expresión en República Dominicana, aunque protegida constitucionalmente, enfrenta desafíos en su ejercicio pleno. La Constitución y leyes como la 6132 reconocen este derecho, pero existen limitaciones y tensiones, especialmente en el ámbito de la prensa digital .
El artículo 7 de nuestra constitución establece que La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, donde la dignidad humana debe y tiene que ser respetada .
En su artículo 8 establece además como función esencial del Estado, la protección efectiva de esos derechos .
Nuestra constitución establece en su artículo 49 que toda persona tiene el derecho de expresar libremente, sus pensamientos ,ideas y opiniones ,independientemente que el disfrute de esas libertades se ejerza ,respetando el derecho al honor, siempre de conformidad con la ley y el orden público.
El derecho de cualquier ciudadano a investigar , recibir información ,opinión y a difundirlas está consagrado como un principio universal en varias convenciones internacionales y ratificadas por La República Dominicana,.
Hemos visto como se socavan y estrangulan derechos constitucionales y fundamentales, peor aún observamos cómo individuos con posiciones relevantes del estado y los poderes fácticos, utilizan sus influencias para intimidar jueces, fiscales y pseudos-periodistas en contra de ciudadanos.
Nuestro medio de comunicación levanta su voz a favor de la libre expresión del pensamiento tomando en cuenta que, la misma es un derecho fundamental, pero su ejercicio pleno requiere un compromiso mutuo y continuo para superar los desafíos y carencias existentes, garantizando con ello, un entorno donde la información circule libremente, donde la prensa pueda ejercer su labor de manera independiente ,con informaciones fidedignas ,sin lacerar reputaciones y los receptores cuando aquellos sean altos jerarcas del gobierno de turno y que hayan sido lastimados por algún comentario ,apegarse a lo que establece la ley sin vulnerar derechos constitucionales y sin lapidar los recursos del estado en la búsqueda de su objetivo de justicia.
