El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha puesto un freno condicionado al Pacto Histórico, una de las alianzas políticas más sonadas del panorama colombiano. La noticia, que llegó a través de un comunicado, es clara: se aprobó su personería jurídica, pero con una advertencia clave que cuelga como una espada de Damocles sobre la agrupación.
La decisión, tomada por la Sala Plena del CNE, no es una luz verde total. La personería solo entrará en vigor cuando los partidos involucrados —específicamente el Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano— resuelvan los procesos sancionatorios que tienen en curso. Esto, según el comunicado, se basa en el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, que prohíbe la fusión de partidos mientras se investigan. 
Este escenario es un claro mensaje del CNE: las normas están por encima de las alianzas políticas, por ambiciosas que sean. La burocracia, en este caso, actúa como un guardián de la ley, impidiendo que los nuevos movimientos hereden o se deshagan de las cargas legales de sus predecesores.
Más allá del Pacto Histórico, este caso sienta un precedente importante. Demuestra que la fusión de partidos no es un simple trámite, sino un proceso riguroso que requiere que las organizaciones estén libres de problemas legales. En un contexto político tan dinámico, esta decisión invita a la reflexión: ¿hasta qué punto se pueden mezclar las cartas sin asumir los riesgos del pasado? La pelota, por ahora, está en la cancha de los partidos involucrados, que deberán resolver sus líos administrativos antes de poder consolidar su nueva identidad política.
