La violencia en Colombia no da tregua, y la reciente masacre en Cali es un doloroso recordatorio de ello. Tres personas fueron brutalmente asesinadas en lo que se convierte en la masacre número 59 en lo que va del 2025. Este hecho no es un incidente aislado; es parte de una escalofriante tendencia de violencia que ha cobrado la vida de 194 personas en 17 departamentos del país.
Lo que sucede en Cali refleja un “conflicto híbrido” que ha sido advertido por la Defensoría del Pueblo. La ciudad es un campo de batalla donde la población civil, ya vulnerable por la pobreza y la marginalidad, se ve atrapada en el fuego cruzado de grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo y bandas locales. La falta de una respuesta institucional efectiva agrava la situación, dejando a los ciudadanos desprotegidos frente a homicidios, extorsiones y control territorial.
Las alertas tempranas y las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo no pueden seguir siendo ignoradas. Es inaceptable que la vida de los colombianos se convierta en una simple cifra en un macabro recuento de masacres. Es urgente que las autoridades tomen medidas contundentes y coordinadas para desmantelar estos grupos armados y proteger a la población. La seguridad y la paz no pueden ser promesas vacías; deben ser una realidad palpable para cada ciudadano.
La masacre en Cali es más que una noticia trágica; es un llamado a la acción. Es hora de que el Estado colombiano asuma su responsabilidad y ponga fin a esta espiral de violencia que tanto dolor ha causado a la nación.
