Un contundente golpe a las finanzas del narcotráfico se llevó a cabo en el sur del Meta, donde las Fuerzas Militares y la Policía desmantelaron once laboratorios ilegales, incluyendo un megalaboratorio con una capacidad de producción de 1,500 kilogramos de cocaína mensuales. Estas infraestructuras, pertenecientes a la Estructura Marco Aurelio Buendía, del Bloque Jorge Suárez Briceño, representaban una ganancia ilícita de más de 30,000 millones de pesos. Este operativo es un claro ejemplo de la lucha constante del Estado colombiano contra las economías criminales que financian la violencia y el terrorismo en la región.
El reciente desmantelamiento de once laboratorios de cocaína en el sur del Meta es más que un simple operativo policial; es un golpe estratégico al corazón de las finanzas de la Estructura Marco Aurelio Buendía, del Bloque Jorge Suárez Briceño. Este hecho subraya que la verdadera guerra en Colombia se libra en el terreno de las economías ilícitas. Al neutralizar la capacidad de producción de estos grupos, el Estado no solo reduce la cantidad de droga en las calles, sino que también debilita su capacidad para comprar armas, reclutar combatientes y mantener el control territorial.
El hallazgo de un megalaboratorio con capacidad para producir 1,500 kilogramos de cocaína al mes es una cifra que nos debe alertar. Hablamos de una operación criminal a escala industrial, con una logística sofisticada y una cadena de producción bien establecida. Esto demuestra que los grupos armados no solo se dedican al terrorismo, sino que son verdaderas empresas criminales, y solo atacando sus finanzas se puede minar su poder.
La destrucción de estos laboratorios es un paso crucial para pacificar la región. Sin embargo, no podemos olvidar que este tipo de operativos deben ser continuos y coordinados. La Fuerza de Tarea Omega y las demás instituciones de seguridad han demostrado su eficacia, pero el reto es mantener la presión sobre estas estructuras hasta desarticularlas por completo. Solo así se podrá proteger a la población civil y garantizar que la tranquilidad vuelva a los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare.
