La política colombiana, siempre vibrante y a menudo polarizada, vuelve a ser sacudida por declaraciones que, más allá de la propuesta de gobierno, buscan impactar el debate público con un tono de ultimátum. La supuesta declaración de la senadora y precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, sobre una hipotética extradición del actual presidente Gustavo Petro, aunque no se encuentra confirmada por fuentes verificadas en los resultados de la búsqueda, enmarca una de las tácticas más recurrentes y controversiales en el ajedrez electoral del país: el uso de la justicia y las acusaciones de vínculos ilícitos como arma política.
El Contexto de la Acusación no Verificada
Es crucial señalar que, si bien la senadora Valencia es una voz de la oposición férrea al gobierno actual y ha sido una figura activa en la crítica a la ‘Paz Total’, la reforma pensional y la gestión económica de Petro, no se halla un registro verificable de la cita textual: “CUÁNDO GANE LA PRESIDENCIA, EL 7 DE AGOSTO LO EXTRADITARÉ A LOS ESTADOS UNIDOS POR N4RC0”. Las búsquedas arrojan, en cambio, su constante alusión a la preocupación por la impunidad de narcotraficantes, las críticas a la política de drogas y los enfrentamientos directos con el presidente Petro a través de redes sociales sobre temas como los falsos positivos y el manejo del presupuesto.
Esta ausencia de confirmación, sin embargo, no minimiza el impacto que este tipo de mensajes tiene en la sociedad. En un país marcado por la violencia y el narcotráfico, la sola mención de la palabra “extradición” o “narco” dirigida a un jefe de Estado es suficiente para generar caos, polarización y movilización emocional en las bases de apoyo y oposición.
Un Juego de Alto Riesgo
El efecto buscado con este tipo de retórica es claro: deslegitimar al oponente anclándolo a los temas que más repudio generan en la opinión pública. Para la oposición, el fantasma del narcotráfico sigue siendo un dardo potente, especialmente en el contexto de las investigaciones que rodean a familiares y allegados del presidente.
- Para el Centro Democrático y sus bases: Este mensaje refuerza la narrativa de la “mano dura” contra el crimen y la defensa de las instituciones tradicionales, apelando a la memoria de una lucha histórica contra el narcoterrorismo que consideran debilitada por la actual administración.
- Para el Gobierno y el Pacto Histórico: El mensaje se percibe como una campaña de guerra sucia, una estrategia desesperada de una “derecha” que se siente derrotada y que busca un golpe de opinión, generando solidaridad en sus seguidores ante lo que ven como una amenaza a la estabilidad democrática y a su proyecto político.
No obstante, esta estrategia es un arma de doble filo. Al elevar la temperatura del debate a niveles de amenazas personales y judiciales sin sustento comprobado, se corre el riesgo de:
- Erosionar la credibilidad del emisor y del debate político en general.
- Aumentar la polarización hasta un punto de no retorno, haciendo la gobernabilidad y la conciliación aún más difíciles.
- Desviar la atención de los problemas reales del país y de las propuestas concretas para solucionarlos.
Conclusión: De la Propuesta a la Demolición
En Colombia, la campaña electoral para 2026 parece haber comenzado antes de tiempo y con un enfoque alarmante: la política de demolición del contrario prima sobre la política de construcción de país. Los ciudadanos merecen un debate centrado en cómo afrontar el desempleo, la inseguridad, la reforma agraria y la crisis educativa.
La supuesta declaración de la senadora Valencia, verdadera o fabricada, es un síntoma de un debate que se está desbordando, pasando de la crítica legítima a la demonización del adversario. La salud de la democracia colombiana exige que los líderes políticos, de todas las orillas, regresen al terreno de las ideas y la verdad, dejando a las instituciones judiciales la labor que les corresponde, y a los electores, la capacidad de discernir con base en propuestas reales, no en ultimátums incendiarios.
