La participación del gobernador Octavio Guzmán en la Audiencia Pública del Proyecto de Ley Estatutaria 021 de 2025 Cámara sobre la regulación del derecho a la protesta es un acto de gran relevancia política y social. Este espacio de diálogo, que busca legislar sobre un derecho fundamental, subraya la necesidad de encontrar un equilibrio delicado entre la libertad de expresión y la garantía de la convivencia y los derechos de terceros en los territorios.
La Doble Mirada de la Protesta
El derecho a la protesta es un pilar esencial de la democracia, una válvula de escape social y un mecanismo de participación ciudadana que permite visibilizar demandas legítimas. Sin embargo, su ejercicio, especialmente en regiones estratégicas y complejas como el Cauca, que a menudo ve afectada la Vía Panamericana, exige un marco legal claro que prevenga la violencia y el bloqueo de actividades esenciales.
La presencia del Gobierno departamental en esta audiencia tiene un doble significado:
- Compromiso con la Ciudadanía: Reafirma el respeto por los derechos fundamentales y la legitimidad de la protesta como expresión de la voluntad popular.
- Compromiso con el Territorio: Aporta la visión regional, crucial para entender cómo la regulación afectará la dinámica local, la seguridad y el flujo de una arteria económica vital como la Panamericana.
La ley estatutaria debe, por lo tanto, facilitar el ejercicio de la protesta de manera pacífica y segura, al tiempo que proporciona herramientas para la intervención efectiva y el diálogo cuando surgen conflictos o afectaciones a otros derechos.
El Diálogo Social como Base de la Paz
El mensaje del gobernador es contundente: “Como Gobierno departamental vemos en el diálogo social la base del entendimiento y la paz“. Esta filosofía es la clave para abordar la regulación de la protesta no como un instrumento de restricción, sino como un marco para la canalización constructiva del descontento.
En el contexto del Cauca, una región marcada por conflictos históricos, el diálogo es la única herramienta sostenible para:
- Generar Confianza: Mostrar a las comunidades que sus voces son escuchadas antes de que la protesta escale.
- Prevenir Conflictos: Identificar y desactivar focos de tensión mediante la negociación y los acuerdos.
- Construir Convivencia: Asegurar que las decisiones contribuyan al bienestar general, manteniendo el orden público sin vulnerar el derecho a disentir.
La regulación del derecho a la protesta es, en esencia, la regulación del diálogo en la calle. El desafío del Proyecto de Ley 021 es asegurar que esta legislación fortalezca, y no debilite, los mecanismos de conversación entre el Estado y la ciudadanía. Es un paso vital para construir una paz duradera que solo se logra con la participación real y el entendimiento mutuo.
