El ‘Proyecto de Ley de Financiamiento 2025’ del Gobierno Nacional, que busca tapar un déficit presupuestal de $26,3 billones, ha encendido las alarmas en el departamento del Cauca. Bajo la premisa de fortalecer las finanzas nacionales, la iniciativa propone un drástico aumento en el Impuesto al Consumo de licores, cervezas y cigarrillos, una medida que, según el análisis de la Gobernación, podría convertirse en un peligro contraproducente para la salud pública y la estabilidad económica del departamento.
El Dilema del Cauca: Rentas vs. Contrabando
La preocupación del Cauca no es menor: el 60% de sus ingresos propios provienen directamente de estas rentas de consumo. Estos recursos son el motor financiero que sostiene pilares sociales como la salud, la educación y el deporte en la región. El aumento propuesto en el gravamen, sin embargo, amenaza con dinamitar esta fuente vital de ingresos.
Tomemos el ejemplo del aguardiente: el impuesto total de una botella de 750 ml y 29° de alcohol pasaría de $18.386,68 a cerca de $33.607,51 en 2026. ¡Esto representa un alza escandalosa del 80%! Un incremento de tal magnitud es un incentivo directo e inmediato para que los consumidores migren al mercado ilícito.
Corredor Estratégico, Riesgo Máximo
La geografía del Cauca agrava la situación. Su ubicación como corredor estratégico entre el puerto de Buenaventura y la zona franca de Ipiales lo convierte en un terreno fértil para el contrabando.
Un precio legal desorbitado, artificialmente inflado por los nuevos impuestos, facilita la actividad delictiva. La gente, buscando alternativas más económicas, se verá forzada a recurrir al mercado negro, donde el licor y el tabaco no solo evaden impuestos, sino que a menudo son productos adulterados.
El riesgo aquí va más allá de la pérdida de recursos fiscales; es un peligro directo para la vida de los ciudadanos por el consumo de licor adulterado. Los esfuerzos “incansables” de la Secretaría de Hacienda y la Policía Nacional para combatir esta ilegalidad serán neutralizados por una política tributaria nacional que indirectamente subsidia el crimen organizado.
El Llamado Urgente a la Conciencia Parlamentaria
El Gobierno Nacional necesita recaudar, es entendible. Pero esta necesidad no puede legislarse a costa de comprometer la sostenibilidad financiera de los territorios y poner en riesgo la salud de sus habitantes.
Hacemos un llamado urgente y enérgico a los congresistas caucanos para que, en su labor legislativa, evalúen esta medida con lupa. Deben entender el contexto social y económico único del Cauca. Legislar en este caso significa proteger las rentas departamentales que pagan la salud y la educación de los caucanos, y significa proteger a las comunidades de los venenos que circulan en el mercado ilícito.
No se trata de oponerse a la financiación de la Nación, sino de exigir inteligencia fiscal: una tributación que no se convierta en el principal motor del contrabando. La política nacional no puede darse el lujo de contrarrestar los esfuerzos locales de legalidad y salud pública. La batalla contra el déficit fiscal no puede ganarse a costa de perder la batalla contra el contrabando y el licor adulterado en los departamentos.
