La Ciudad Blanca está en crisis. La aparente tranquilidad de Popayán ha sido desmantelada por la audacia de la delincuencia, que opera a plena luz del día y a escasas cuadras de la autoridad. El asalto violento perpetrado el pasado viernes 14 de noviembre contra un líder comunitario, padre de la alcaldesa de San Sebastián, no es un incidente aislado; es el síntoma de un colapso en la seguridad pública que clama por una intervención urgente y efectiva.
El hecho de que un “fletero” actúe con tal impunidad, en una zona transitada y cerca del CAI de la Policía No. 4, Benito Juárez, es una bofetada a la ciudadanía. La víctima, despojada de 72 millones de pesos retirados de un banco, fue golpeada y humillada, un recordatorio brutal de que en Popayán, la vida y los bienes de los ciudadanos están a merced de los criminales.
La indignación se multiplica ante la revelación de la alcaldesa Pahola Ordóñez: se enteró del ataque a su padre por los medios de comunicación antes que por las autoridades policiales. Esta desconexión no solo es una falta de respeto institucional, sino la prueba de una estructura de seguridad pública que parece inoperante y desorganizada. Tres secretarios de gobierno han pasado por la administración del alcalde Juan Carlos Muñoz, pero la única constante es el deterioro de la seguridad.
El testimonio de los testigos es escalofriante y demoledor: los asaltantes, bien organizados, pasaron frente a los policías sin que estos actuaran. Esta aparente inacción o lentitud en la reacción de la fuerza pública pone en duda la efectividad y el compromiso de quienes están llamados a proteger a los payaneses. No se trata solo de la falta de pie de fuerza, sino de la falta de una estrategia contundente y de una voluntad política real para recuperar el control de las calles.
El asalto a un ciudadano, sin importar su condición, es grave, pero el hecho de que la víctima sea un líder comunitario que llevaba dos años esperando protección de la UNP subraya una falla sistémica aún más profunda: el desamparo estatal. Si quienes luchan por el bienestar de sus comunidades no encuentran protección, ¿qué puede esperar el ciudadano de a pie?
Las palabras de la alcaldesa Ordóñez, “Estamos en manos de los delincuentes”, resuenan como un grito desesperado y una acusación directa a una administración que se muestra incapaz de garantizar el derecho fundamental a la seguridad. El video del asalto, que circula en redes sociales, no debe ser visto como simple contenido viral, sino como la evidencia fílmica de la premeditación y audacia con la que opera el hampa en una ciudad que parece estar en piloto automático de la indiferencia.
Es fundamental reconocer y agradecer el gesto de honestidad del conductor, quien recogió y devolvió parte del dinero. En medio de la oscuridad de la violencia, su acto de civismo brilla como un recordatorio de la decencia que aún existe en la comunidad payanesa.
No basta con que la Policía Metropolitana y el CTI de la Fiscalía anuncien “investigaciones”. La ciudadanía está harta de promesas vacías y de narrativas edulcoradas por quienes, según la denuncia popular, “venden realidades que no son”. Popayán exige acciones tangibles, inmediatas y contundentes: una estrategia de seguridad revisada, la rendición de cuentas sobre la inacción policial y, sobre todo, resultados que permitan a sus habitantes volver a vivir sin el yugo del miedo. La vida de los payaneses no puede seguir dependiendo de la suerte o de la honestidad de un tercero; debe depender de un Estado que asuma su responsabilidad indelegable.
