El reciente anuncio sobre la adquisición del 51% de las acciones de la Nueva EPS por parte del Gobierno Nacional marca un giro tectónico en el sistema de salud colombiano. De la noche a la mañana, el Estado deja de ser un socio minoritario para convertirse en el accionista mayoritario de la Entidad Promotora de Salud (EPS) más grande del país, que atiende a millones de colombianos. Esta jugada estratégica es mucho más que una transacción financiera; es la materialización de un modelo de salud que busca centralizar el control en manos del Ejecutivo, desdibujando la arquitectura mixta que históricamente había regido la entidad.
Hasta ahora, la Nueva EPS funcionaba con un esquema de participación compartida, donde las cajas de compensación familiar (Colsubsidio, CAFAM, Compensar, entre otras) mantenían una mayoría accionaria (50.1%). Este balance, aunque imperfecto, representaba una suerte de contrapeso entre la gestión pública y la experiencia administrativa del sector privado y social. Al ceder estas organizaciones su propiedad al Estado, se abre la puerta a un control dominante, similar al modelo de Ecopetrol, pero en un sector tan sensible como la salud.
La gran pregunta que surge es: ¿Esto es una garantía de mejora o el inicio de una mayor incertidumbre?
Para el Gobierno, la respuesta es clara: este movimiento garantiza la alineación de la EPS con las políticas de salud del Estado, facilitando la transición hacia un modelo preventivo y acabando con la “intermediación financiera” que tanto critica. El control mayoritario le otorga al Ejecutivo la capacidad de inyectar recursos directamente, tomar decisiones de inversión y, crucialmente, nombrar a la cúpula directiva.
Sin embargo, el cambio genera serias preocupaciones. Primero, la salud es un servicio fundamental cuya eficiencia a menudo se beneficia de la gestión descentralizada y el rigor empresarial que aportaban las cajas de compensación. La experiencia histórica en Colombia con la gestión pública de grandes entidades no siempre ha sido sinónimo de eficiencia, sino, en ocasiones, de burocratización y politización.
Segundo, la remoción inmediata de la interventora Gloria Polanía y la designación de Óscar Gálvez, un funcionario con experiencia en intervenciones previas, si bien puede ser un movimiento táctico, genera ruido. En un momento de transición tan delicado, la estabilidad gerencial es fundamental. Estos cambios rápidos solo alimentan las dudas sobre si la prioridad es la continuidad operativa o la imposición de una visión administrativa particular.
La Nueva EPS maneja la salud de un segmento significativo de la población. Su estabilidad es vital para el sistema. El desafío del Gobierno no es solo gestionar bien la entidad, sino demostrar que el control estatal es capaz de superar la eficiencia y la calidad que, en muchos casos, lograban las cajas de compensación. Si esta movida termina mejorando el acceso, reduciendo las barreras y garantizando la sostenibilidad financiera, habrá sido un éxito. Si, por el contrario, se convierte en un aparato burocrático más, la crisis del sistema se profundizará.
Popayán, como ciudad con una población diversa y necesidades de salud complejas, observará de cerca esta centralización. La expectativa es alta, pero el escepticismo también. La salud de millones de colombianos pende ahora de una nueva mayoría accionaria. Esperemos que este control mayoritario se traduzca en una mayor calidad de vida para todos.
