El reciente análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) dibuja un panorama sombrío para la seguridad en Colombia: la amenaza terrorista y criminal no solo persiste, sino que se intensifica de manera alarmante. El crecimiento del 15% en el pie de fuerza de los Grupos Armados Organizados (GAO) —equivalente a 3.320 nuevos integrantes entre diciembre de 2024 y julio de 2025— es una señal inequívoca de que la estrategia actual está lejos de desarticular estas estructuras.
La Consolidación de Poderes Fácticos
Dos nombres se destacan en esta escalada: el Clan del Golfo y la disidencia “Calarcá” (Estado Mayor de Bloques). El Clan del Golfo se consolida como la estructura criminal de mayor crecimiento. Mientras tanto, la disidencia “Calarcá” mantiene una expansión sostenida que desafía cualquier expectativa de paz.
El problema de fondo no es meramente un aumento de hombres en armas; es una consolidación de poderes fácticos que se nutren de la ausencia estatal y la riqueza ilícita. Estos grupos han hecho del Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Bolívar, y amplios corredores del sur y el centro del país (Putumayo, Caquetá, Huila, Meta, Guaviare, Tolima y Cauca) su teatro de operaciones. Su presencia estratégica en enclaves mineros, áreas cocaleras y pasos fronterizos subraya un objetivo claro: garantizar rentas y movilidad a través del control territorial y social.
El Desafío de la Paz con Grupos sin Voluntad
El caso de la disidencia “Calarcá” es particularmente preocupante, pues pone en tela de juicio la efectividad de los actuales acercamientos. Mientras mantiene una expansión notable y está asociada a hechos de violencia atroz, como la masacre en Amalfi, Antioquia, y a la infiltración de las Fuerzas Militares, avanza en un séptimo ciclo de negociación.
Esta dualidad es insostenible. ¿Cómo es posible negociar la paz con una estructura que, según el informe, “no tiene intención alguna de avanzar hacia una eventual dejación de las armas” y cuya respuesta a un revés es “activar nuevos atentados”? La persistencia en la violencia, incluso en medio de diálogos, sugiere que estas mesas de negociación están siendo utilizadas como instrumentos tácticos para ganar tiempo y territorio, no como caminos genuinos hacia la desmovilización.
La Urgencia de la Presencia Estatal Integral
El aumento del terrorismo en estas zonas de economías ilícitas exige una revisión profunda de la política de seguridad y de paz total. El Estado no puede limitarse a la negociación ni a la reacción militar puntual.
La única forma de revertir este crecimiento es atacando la raíz de la expansión: la economía ilícita y la falta de oportunidades. Esto requiere un esfuerzo titánico y coordinado de:
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Fuerza Pública: Una ofensiva sostenida y de inteligencia en los corredores estratégicos para desmantelar las cadenas de mando y las redes de financiación.
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Inversión Social: Presencia estatal integral que lleve educación, salud, infraestructura, y alternativas productivas a las regiones cocaleras y mineras, erradicando el combustible social que alimenta el reclutamiento.
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Justicia: Celeridad en la judicialización de los responsables de las masacres y la infiltración, enviando un mensaje claro de que el crimen paga un alto precio.
Si el gobierno no logra transformar la mesa de diálogo en un mecanismo que exija el cese verificable de la violencia y la voluntad real de desarme, el “crecimiento de la subversión y el terrorismo” seguirá reinando, hundiendo a Colombia en una espiral de inseguridad que hipoteca su futuro. Es hora de pasar de las rondas de negociación a las acciones contundentes que protejan a la ciudadanía y el territorio.
