La noticia que envuelve al vicepresidente de Ecopetrol para la Región Andina Oriente, Bernardo Forero, no es un simple chisme corporativo; es un nuevo golpe a la ya frágil confianza pública en las empresas estatales de Colombia. La presunta alerta de enriquecimiento ilícito que rondaría por los escritorios de la alta dirección desde hace diez meses, sin una acción interna contundente, plantea una pregunta incómoda: ¿Qué tan profunda es la negligencia o la complicidad en Ecopetrol?
La Doble Herida de la Sospecha
La situación genera una doble herida. En primer lugar, la sospecha directa sobre el vicepresidente Forero, quien asegura categóricamente que el crecimiento de su patrimonio es legítimo, sustentado en ingresos laborales, créditos y la venta de propiedades. Esta defensa es válida y debe ser respetada bajo el principio de presunción de inocencia. Es la Fiscalía y los entes de control quienes deben determinar la verdad.
Pero la segunda herida, y quizás la más grave, recae sobre el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Si los reportes de alerta sobre el patrimonio y la conducta de un alto directivo clave fueron entregados directamente a su despacho en 2024 y, diez meses después, el tema escala hasta el punto de que el Presidente de la República, Gustavo Petro, pida públicamente que se actúe, se configura una alarma roja sobre la gestión interna de la compañía.
La Urgencia de la Transparencia
Ecopetrol, como la empresa más importante del país y motor de la economía nacional, no puede permitirse el lujo de la ambigüedad o el silencio administrativo. Dejar que una alerta de esta magnitud se congele en los despachos es alimentar la percepción de que la corrupción tiene puertas giratorias dentro de la estatal.
La solicitud de Petro es clara: “si este funcionario se enriqueció ilícitamente, el presidente de Ecopetrol debe actuar”. Esto no es solo una directriz, es una obligación ética. La inacción o la dilación generan tres daños irreparables:
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Daño al Buen Nombre: Si Forero es inocente, el retardo en la investigación y la falta de respaldo institucional han permitido que se afecte su honor y el de su familia sin una causa justificada.
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Daño a la Institución: La lentitud sugiere encubrimiento o, en el mejor de los casos, una ineficiencia inaceptable en el manejo de riesgos y ética corporativa.
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Daño a la Confianza Pública: Refuerza la idea de que los altos cargos son espacios para el enriquecimiento personal, minando la credibilidad en la gestión de recursos de todos los colombianos.
Un Estándar Más Alto para Ecopetrol
La credibilidad de Ecopetrol debe ser tan sólida como sus reservas de crudo. Las explicaciones técnicas de Forero sobre la venta de propiedades y los créditos son un buen punto de partida, pero deben ser validadas de manera pública y acelerada por los organismos competentes.
El caso de Bernardo Forero es una prueba de fuego para la administración de Ricardo Roa. No basta con esperar la acción de la Fiscalía; la auditoría interna, la oficina de control y los canales éticos de Ecopetrol deben demostrar que funcionan con independencia y rigor, blindando a la compañía contra la sombra de la corrupción, sea esta real o percibida.
La mejor defensa del honor de un directivo y de la institución es la transparencia inmediata y la aplicación de la ley sin distingos.
