La firma del Decreto 1390 marca un hito de incertidumbre en la economía colombiana. Al declarar la Emergencia Económica, el Gobierno Nacional ha decidido tomar “el camino corto” ante el hundimiento de sus reformas en el Congreso. Pero, más allá de los tecnicismos legales y las cifras macroeconómicas, la pregunta que nos asalta a todos es: ¿qué significa esto para mi bolsillo?
1. El regreso de los “impuestos por decreto”
Aunque el texto inicial no detalla nuevos cobros, abre la puerta legal para que el Ejecutivo cree tributos transitorios sin pasar por el debate parlamentario habitual. Históricamente, en Colombia, lo “transitorio” suele volverse permanente (recordemos el 4×1000). Para el ciudadano, esto se traduce en el riesgo inminente de nuevos gravámenes al consumo o a la renta que podrían aparecer de la noche a la mañana para cubrir el hueco de $12 billones que el Congreso no autorizó.
2. El costo de la incertidumbre: Dólar e Inversión
Los mercados detestan la inestabilidad. Una declaratoria de emergencia basada en un déficit fiscal —que muchos analistas consideran un problema de gestión y no una catástrofe externa imprevista— envía una señal de alerta a los inversionistas.
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Si el riesgo país sube: El precio del dólar tiende al alza, lo que encarece los productos importados, la tecnología y, eventualmente, la canasta básica.
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Si la inversión se frena: Se estanca la generación de empleo formal, afectando la capacidad de ahorro de las familias.
3. Salud y Seguridad: ¿Gasto o inversión?
El Gobierno justifica esta medida en la urgencia de $3,3 billones para el sistema de salud. Si bien la nivelación de la UPC es necesaria para que las EPS (o las entidades que las reemplacen) presten un servicio digno, la pregunta es si este dinero llegará efectivamente a los hospitales o si se perderá en la burocracia de la transición del sistema. Para el usuario, el beneficio sería no ver interrumpidos sus tratamientos, pero el costo podría ser una mayor presión fiscal.
4. La lupa de la Corte Constitucional: El último resguardo
El bolsillo de los colombianos hoy depende de la Corte Constitucional. Si el alto tribunal considera que el déficit fiscal no es una “emergencia imprevista” sino una falta de planeación, podría tumbar el decreto. Esto generaría un limbo jurídico peligroso: si usted ya pagó un impuesto creado bajo la emergencia y luego esta se cae, el desorden administrativo sería monumental.
Conclusión
Estamos ante una medida de “todo o nada”. El Gobierno busca salvar su ejecución presupuestal a costa de una figura excepcional que estresa la democracia. Para usted, ciudadano, el mensaje es de cautela: es momento de cuidar el flujo de caja, evitar deudas innecesarias en moneda extranjera y seguir de cerca los decretos que se emitirán en los próximos 30 días. La emergencia económica es, en esencia, un cheque en blanco que el Ejecutivo se ha auto-firmado; falta ver si el país tiene fondos para pagarlo.
