El reciente asesinato de un agente de la Sijín en la vía que comunica a Santander de Quilichao con el corregimiento de Timba no es solo un número más en la trágica estadística de violencia del departamento. Es un mensaje directo y brutal de las estructuras criminales: en el norte del Cauca, el Estado sigue siendo un intruso vigilado.
Este hecho, ocurrido mientras el uniformado cumplía labores de inteligencia, pone de manifiesto tres realidades alarmantes que no pueden pasar desapercibidas para el Gobierno Nacional ni para la opinión pública:
1. El Control Territorial de las Disidencias
Que una camioneta oficial sea atacada con tal sevicia en una vía principal demuestra que la estructura ‘Jaime Martínez’ no solo tiene presencia, sino que ejerce un control territorial casi absoluto. Alias ‘Marlón’ y sus subordinados han convertido la zona rural de Buenos Aires y Santander de Quilichao en un corredor de muerte donde la movilidad de la Fuerza Pública es limitada y de alto riesgo.
2. La Vulnerabilidad de la Inteligencia
La labor de inteligencia es la columna vertebral de cualquier estrategia de seguridad. Cuando los agentes encargados de desarticular bandas criminales son detectados y eliminados, el mensaje es de una debilidad institucional preocupante. ¿Cómo se filtró la información de su presencia? ¿Contaban con el respaldo táctico necesario? El asesinato de un agente de la Sijín sugiere que la contrainteligencia y los protocolos de protección están siendo superados por la capacidad de observación de los grupos ilegales.
3. Una Región en el Abismo
Santander de Quilichao se ha convertido en el epicentro de una crisis humanitaria y de orden público que parece no tener techo. Mientras se anuncian diálogos y ceses al fuego en otras instancias, en el territorio la realidad es de fusil y emboscada. La violencia no distingue entre la población civil que queda en medio del fuego y los uniformados que intentan restablecer el orden.
Reflexión necesaria: El despliegue de la Fuerza Pública que se anuncia tras cada tragedia es necesario, pero insuficiente si no viene acompañado de una estrategia que desarticule financieramente a estos grupos y recupere la confianza de las comunidades, que hoy callan por miedo a represalias.
El asesinato de este servidor público debe ser un punto de inflexión. No basta con “lamentar los hechos” o “desplegar operativos”. El Cauca requiere una intervención integral donde la soberanía no se mida por el número de botas, sino por la capacidad del Estado de proteger la vida de sus ciudadanos y de quienes, con el uniforme puesto, intentan devolverle la paz a una región que se desangra a plena luz del día.
