El sistema judicial colombiano acaba de enviarle un mensaje aterrador a las mujeres del país: en el mundo de la Fiscalía, un video de una agresión con cuchillo pesa menos que una denuncia por extorsión cuando el denunciante tiene poder. El caso de Karen Santos y el empresario Ricardo Leyva no es solo una disputa de pareja; es la radiografía de una justicia que parece caminar en contravía de la realidad.
Resulta difícil de digerir que, mientras el país observa con horror un video donde Leyva amenaza de muerte y golpea a su exesposa, la respuesta “urgente” de la entidad liderada por Luz Adriana Camargo sea blindar al agresor. La rapidez con la que el Fiscal 175 de Medellín actuó para dictar medidas de alejamiento a favor de Leyva contrasta dolorosamente con la parsimonia y el silencio que rodea la denuncia por tentativa de feminicidio interpuesta por Santos.
Un desequilibrio que mata
Lo que estamos presenciando es el uso de la ley como una herramienta de revictimización. Al otorgarle a Leyva atención prioritaria en los CAI y acompañamiento policial, la Fiscalía no solo está ignorando las pruebas de violencia física y psicológica que dejaron a Santos con secuelas permanentes en su visión; está validando una narrativa donde el agresor logra posar como víctima para silenciar a quien se atrevió a denunciar.
“El mensaje es desolador: si tienes los recursos o la influencia suficiente, puedes convertir el aparato judicial en tu propio esquema de seguridad privada, incluso si hay evidencia fílmica de tu violencia.”
¿Y la perspectiva de género?
La protección a las víctimas de violencia de género no puede ser un discurso de Navidad o una frase para los medios. Debe ser una práctica técnica y humana. En este caso, la Fiscalía parece haber olvidado los protocolos más básicos de protección a la mujer. ¿Cómo se explica que una mujer que documentó un intento de feminicidio no tenga las mismas garantías que el hombre que la amenazó con un arma blanca?
La justicia no puede ser un “mundo al revés” donde las víctimas deban esconderse mientras sus agresores caminan con escolta judicial. Si la Fiscalía no rectifica y equilibra la balanza, la sangre de Karen Santos —y de tantas otras mujeres en situaciones similares— no solo estará en manos de su agresor, sino en los folios de un sistema que prefirió proteger al cuestionado empresario antes que a la vida misma.
