La reciente denuncia penal interpuesta en Popayán por Juan Guillermo Cuenca contra el creador de contenido Armando Meléndez, alias “El Matador de la Verdad”, marca un hito peligroso en la convivencia ciudadana del Cauca. No estamos ante una simple diferencia de criterios sobre la gestión de las Fiestas de Pubenza; estamos ante la instrumentalización del odio digital como preludio de la violencia física.
Cuando un emisor insta a sus seguidores a que “no haya rincón de la anatomía [del denunciante] que no sienta el rigor del blanqueamiento ciudadano” o sugiere lanzar cal a los ojos, se cruza una línea roja que ninguna democracia puede ignorar. Aquí, la pregunta ya no es si las redes sociales deben ser reguladas, sino qué tan tarde estamos llegando para evitar una tragedia.
La Falacia de la Libertad de Expresión
El argumento de que cualquier mensaje en redes está amparado por la libertad de prensa o expresión es, jurídicamente, un castillo de naipes. Como bien lo ha señalado la Corte Constitucional colombiana, el derecho a opinar termina donde comienza la integridad del otro. La incitación al delito no es periodismo; es delincuencia.
El anonimato o la distancia que brinda una pantalla genera una falsa sensación de impunidad. En ciudades como Popayán, donde el tejido social es sensible y las pasiones políticas se exacerban en festividades masivas, un comentario incendiario en Facebook puede traducirse en una agresión real en la calle en cuestión de segundos.
¿Regulación o Autorregulación?
La necesidad de una regulación más estricta es evidente, pero enfrenta tres grandes desafíos:
- La Velocidad de la Justicia: Mientras la Fiscalía asigna un fiscal, el mensaje de odio ya ha sido compartido miles de veces.
- La Responsabilidad de las Plataformas: Meta (Facebook/Instagram) sigue fallando en moderar contenidos en lenguajes locales o contextos culturales específicos.
- La Educación Digital: Hemos entregado megáfonos globales a personas que no comprenden la responsabilidad civil de sus palabras.
Conclusión
Las redes sociales no pueden seguir siendo el “Lejano Oeste” de la comunicación. Si permitimos que el lenguaje de “limpieza” o “blanqueamiento” se normalice bajo el disfraz de crítica ciudadana, estamos validando el regreso a la justicia por mano propia. La Fiscalía tiene ahora la oportunidad de sentar un precedente: las amenazas en el mundo virtual tienen consecuencias reales en el código penal.
La seguridad de un líder cívico y la armonía de las fiestas de una ciudad no pueden estar a merced de un algoritmo que premia la indignación y el odio.
