La reciente captura de Ismael Guetio en Bucaramanga ha encendido nuevamente las alarmas sobre el tratamiento que el Estado colombiano otorga a sus líderes sociales. Mientras los colectivos populares denuncian un “procedimiento ilegal” y una estrategia de “criminalización”, la justicia enfrenta el reto de demostrar que sus actuaciones no responden a un sesgo político contra quienes defienden la reforma agraria y la soberanía de los pueblos.
El perfil de un líder bajo la lupa
Ismael Guetio no es un actor menor en el tablero social del Cauca. Su rol como parte de la Unidad Técnico Legislativa (UTL) del representante Juan Pablo Salazar y su vocería en Pupsoc y Fensuagro le otorgan una visibilidad que hace que su detención no sea vista como un trámite judicial ordinario, sino como un mensaje directo al movimiento campesino.
Los puntos críticos del conflicto:
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El contexto de la detención: Capturado mientras se dirigía a una brigada internacionalista hacia Venezuela, el hecho alimenta la narrativa de persecución ideológica.
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La reacción en el territorio: El anuncio de bloqueos en la Vía Panamericana y movilizaciones en Popayán recuerda la fragilidad de la conectividad y la paz social en el suroccidente del país.
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El derecho a la protesta: Los colectivos argumentan que Guetio es víctima de su lucha por la recuperación de tierras, un tema histórico que sigue siendo la herida abierta de Colombia.
“Al líder social no se le detiene, se le cumple”. Esta consigna resume el sentimiento de un sector que siente que el Estado llega con esposas antes que con soluciones estructurales para el campo.
Un panorama de incertidumbre
Si bien la justicia debe operar con independencia, la opacidad percibida en el procedimiento y la fuerza física vista en los videos de su captura solo logran profundizar la desconfianza ciudadana en las instituciones. Las movilizaciones de este domingo en el Cauca no son solo por la libertad de un hombre; son un termómetro de la tensión acumulada por la reforma agraria inconclusa y la estigmatización del campesinado.
El gobierno nacional y los entes de control tienen hoy la responsabilidad de aclarar la situación jurídica de Guetio con total transparencia. De lo contrario, el asfalto de la Panamericana volverá a ser el único escenario donde el campesinado siente que su voz es realmente escuchada.
