El reciente Consejo de Seguridad Regional celebrado en Padilla no es solo una reunión administrativa más; es un síntoma de una región que intenta desesperadamente transitar de la reacción ante la crisis a la planificación estratégica. La presencia de 13 alcaldes y alcaldesas, junto a la cúpula institucional del departamento, pone sobre la mesa una realidad ineludible: en el norte del Cauca, la seguridad ya no puede entenderse como un esfuerzo aislado de cada municipio.
La fuerza de la unidad territorial
Históricamente, el norte del Cauca ha sufrido las consecuencias de la fragmentación. Los problemas de orden público en Corinto o Caloto tienen un efecto dominó inmediato en Puerto Tejada o Santander de Quilichao. Por ello, que la Gobernación del Cauca logre sentar en una misma mesa a los mandatarios de municipios con realidades tan diversas como Jambaló y Villa Rica es, en sí mismo, un avance político significativo.
La coordinación institucional es el único antídoto contra el “efecto globo”, donde la presión de la Fuerza Pública en un punto simplemente traslada el delito al municipio vecino.
Más allá de las cifras: El reto de la convivencia
Un punto clave de este encuentro fue el énfasis en el Código Nacional de Policía y Convivencia. Esto sugiere un giro interesante en la narrativa oficial. Si bien la presencia del Ejército y la Policía es vital para contener estructuras armadas, la seguridad cotidiana —la que vive el ciudadano en el parque o en la vereda— se construye con cultura ciudadana, resolución de conflictos y justicia local.
Sin embargo, para que estos compromisos no se queden en el papel de un acta oficial, se requieren tres elementos fundamentales:
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Inversión Social Directa: La seguridad no es solo ausencia de disparos; es presencia de oportunidades.
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Seguimiento Real: Como bien se mencionó en el consejo, el seguimiento a los compromisos de 2025 debe ser riguroso para no generar frustración en las comunidades.
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Confianza Comunitaria: La articulación entre la Fiscalía, la Defensoría y la Procuraduría es esencial para que el ciudadano sienta que denunciar sirve de algo.
Un balance necesario
El cierre de la vigencia 2025 dejó lecciones complejas. El norte del Cauca sigue siendo un tablero de ajedrez donde convergen intereses de economías ilícitas y tensiones sociales históricas. No obstante, la voluntad expresada en Padilla marca una hoja de ruta clara: la institucionalidad está unida.
El desafío para 2026 será demostrar que esta “articulación” se traduce en menos homicidios, menos extorsiones y, sobre todo, en la recuperación de la tranquilidad para una población que ha hecho de la resiliencia su estilo de vida. La seguridad regional no es un destino, sino un proceso diario que hoy, al menos desde la gestión política, parece haber tomado un nuevo impulso.
