La extradición de Andrés Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, no es solo un trámite judicial exitoso; es un mensaje contundente contra la creencia de que se puede gobernar un territorio mediante el terror y salir impune. El traslado del máximo cabecilla de ‘La Inmaculada’ hacia los Estados Unidos marca el cierre de un capítulo oscuro para el Valle del Cauca, pero también abre interrogantes críticos sobre el futuro de la seguridad en la región.
La extradición como única salida
Durante años, las estructuras criminales en municipios como Tuluá han perfeccionado el arte de la intimidación y el soborno. El hecho de que se investiguen intentos de cohecho para frenar este traslado demuestra que, para personajes de este calibre, las cárceles locales a menudo no son centros de reclusión, sino oficinas de despacho.
La justicia estadounidense, con sus cargos por narcotráfico en la Corte de Texas, aparece nuevamente como el “remedio extremo” ante una criminalidad que desbordó las capacidades locales. Al enviarlo al exterior, el Estado colombiano no solo cumple con tratados internacionales, sino que rompe el cordón umbilical entre el líder y sus lugartenientes.
El reto del “Día Después”
Sin embargo, la victoria de ayer en la base antinarcóticos podría ser pirrrica si no se maneja con astucia en el territorio. La historia criminal de Colombia nos ha enseñado que la caída de una cabeza suele generar dos fenómenos peligrosos:
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El Efecto Hidra: La disputa violenta entre mandos medios por el trono vacante.
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La Retaliación: Ataques contra la población civil o la fuerza pública como demostración de fuerza remanente.
El despliegue de 70 uniformados y vigilancia aérea para el traslado fue necesario, pero el verdadero operativo debe ser permanente en las calles de Tuluá. La seguridad no puede ser un evento mediático de un solo día, sino una política sostenida para evitar que un nuevo alias tome el relevo de la extorsión y el homicidio.
Más allá de las rejas
La extradición de ‘Pipe Tuluá’ es un respiro para los comerciantes y ciudadanos que vivían bajo el yugo de ‘La Inmaculada’. No obstante, el éxito real se medirá cuando el Estado logre desarticular las finanzas de la organización. Sin dinero para pagar sicarios o corromper funcionarios, el nombre de la banda pasará al olvido.
Hoy celebramos un golpe a la estructura, pero queda la tarea pendiente de recuperar la confianza institucional en el corazón del Valle. El mensaje es claro: nadie es intocable, ni siquiera aquellos que creen que su sombra es más larga que el brazo de la ley.
