En un país donde el ascenso social suele ser una carrera de obstáculos marcada por el sudor y la deuda, el caso de Juliana Guerrero y la Fundación San José no es solo un expediente judicial; es una bofetada a la meritocracia. La solicitud de la Fiscalía para dictar casa por cárcel contra Guerrero y el secretario general de la institución, Luis Carlos Gutiérrez, pone al descubierto una trama donde el título profesional no fue el resultado del estudio, sino de la “creatividad” administrativa.
Lo que resulta fascinante, en el sentido más oscuro de la palabra, no es solo la presunta falsedad, sino la desfachatez cronológica. Según las pruebas presentadas, Guerrero se graduó el 1 de julio de 2025, pero decidió pagar sus derechos de grado y matrículas semanas después. Es, quizás, la primera estudiante en la historia de la educación superior que descubre la “graduación cuántica”: el título existe antes que el pago, y el diploma se materializa sin que el alumno pise un salón de clases o presente las pruebas Saber.
La Institucionalidad en Jaque
El problema de fondo trasciende a Guerrero. La imputación contra Luis Carlos Gutiérrez revela una grieta profunda en el sistema de vigilancia académica. Si el secretario general de una universidad, quien tiene la función delegada por el Ministerio de Educación para certificar títulos, se presta para convertir una institución en una “fábrica de cartones”, el daño al sistema es sistémico.
“Mientras miles de jóvenes se endeudan durante años para estudiar, Guerrero es la única que se gradúa primero y paga después”, señaló la representante Jennifer Pedraza.
Esa frase resume la indignación colectiva. En Colombia, el diploma es, para muchos, el único boleto de salida de la precariedad. Ver cómo se utiliza para intentar asaltar un cargo de alto nivel —nada menos que la Viceministría de Juventudes— es una ironía cruel. Quien debía liderar las políticas para el futuro de los jóvenes estaba presuntamente ocupando un lugar cimentado en el engaño.
Las Consecuencias de la Simulación
La Fiscalía habla de penas de entre 6 y 12 años. Más allá de los muros de una celda o de la comodidad de un arresto domiciliario, el verdadero castigo debería ser el estigma de la ilegitimidad. Este caso debe servir como un punto de inflexión para que el Ministerio de la Equidad y el de Educación endurezcan los filtros de verificación.
No basta con subir un PDF al SIGEP; la ética pública exige que los funcionarios sean lo que dicen ser. La educación no puede seguir siendo el atajo de los audaces, sino el camino de los honestos. Si permitimos que el poder se capture con diplomas de papel mojado, habremos aceptado que en este país la honestidad es, simplemente, un trámite opcional.
