La reciente condena contra Leonidas Bustos no es solo un fallo judicial; es un recordatorio necesario de que la justicia, aunque a veces tarda, no reconoce jerarquías cuando se trata de castigar la corrupción. El “Cartel de la Toga” representó una de las traiciones más dolorosas para la democracia colombiana: la de aquellos encargados de proteger la ley, usándola para su propio beneficio.
La Ley: Un rasero igualitario
El principio fundamental de un Estado de Derecho es que la ley es una muralla infranqueable, sin importar si quien intenta saltarla es un ciudadano de a pie o el presidente del máximo tribunal de justicia. La sentencia de 123 meses contra Bustos envía tres mensajes contundentes:
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El fin de la “intocabilidad”: Haber ostentado el título de “Honorable Magistrado” no otorga un cheque en blanco para delinquir. La toga no es un escudo contra la responsabilidad penal.
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Depuración Institucional: La propia Corte Suprema, al condenar a uno de sus antiguos líderes, demuestra una voluntad de sanar sus heridas y recuperar la legitimidad perdida ante la opinión pública.
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Cero Tolerancia a la Influencia: El uso de contactos y redes de poder para “torcer” procesos judiciales es un cáncer que esta sentencia busca extirpar de raíz.
Restaurar la confianza
Es cierto que el daño a la imagen del sistema judicial es profundo. El ciudadano común hoy mira con recelo las providencias de las altas cortes. Sin embargo, la orden de captura internacional contra Bustos es un paso firme hacia la reparación. La justicia solo es plena cuando se cumple.
Que este caso sirva de advertencia: en un país que busca la paz y la equidad, no pueden existir refugios para quienes mercadean con la ley. La verdadera majestad de la justicia no reside en el cargo que se ocupa, sino en la integridad con la que se ejerce. Al final del día, la balanza debe inclinarse siempre hacia la verdad, sin que el peso de la billetera o el abolengo de los apellidos logre desequilibrarla.
