La reciente culminación de la Convocatoria de Litigio Estratégico de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) no es solo una cifra fría de inversión o un conteo de hectáreas. Los 1,25 millones de dólares destinados y las más de 3.200 personas beneficiadas representan, en el fondo, un cambio de paradigma en cómo el Estado colombiano enfrenta la deuda histórica del despojo.
De la tragedia individual al reclamo colectivo
Históricamente, la restitución de tierras en Colombia se ha percibido como una carrera de obstáculos individual, donde cada campesino o víctima debía batallar en soledad contra un sistema burocrático y, a menudo, contra los mismos poderes que los desplazaron.
La gran victoria de esta estrategia es la colectivización. Al presentar demandas colectivas en Córdoba y Cauca, la URT no solo optimiza los tiempos judiciales, sino que reconoce una realidad fundamental: el despojo en Colombia no fue un error aislado, sino un plan sistemático para romper el tejido social. Como bien lo dijo Paula Villa, directora jurídica de la URT, “colectivizar permite leer el territorio de forma integral”.
El enfoque de género: Justicia con rostro de mujer
Es imposible pasar por alto el testimonio de Cecilia Lozado Camacho, de ASOMUDEM. Su frase, “Nosotras hace mucho dejamos de llorar; ahora lo que pedimos es justicia”, resume la transición de la victimización a la ciudadanía activa.
El hecho de que la estrategia incluya tres rutas de litigio con enfoque de género demuestra que se entiende que la mujer rural ha cargado con el peso doble del desplazamiento y la invisibilidad patrimonial. Restituirle la tierra a una mujer es, en muchos casos, asegurar la seguridad alimentaria y la estabilidad de toda una comunidad.
El reto de la sostenibilidad
A pesar del éxito, quedan desafíos en el horizonte:
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Articulación institucional: La conexión con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) debe ser fluida para que el título de propiedad no sea solo un papel, sino el inicio de una vida productiva.
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Seguridad: El retorno a las zonas de conflicto sigue siendo el talón de Aquiles de la ley.
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Zonas ambientales: El anuncio de una nueva convocatoria enfocada en áreas de interés ambiental es una movida audaz que reconoce que la justicia social hoy es inseparable de la justicia climática.
Conclusión
El litigio estratégico ha demostrado ser una herramienta poderosa para devolver no solo la tierra, sino la confianza en la institucionalidad. Cuando las comunidades dejan de ver al Estado como un ente lejano y lo perciben como un aliado técnico y jurídico, la paz deja de ser un concepto abstracto para convertirse en un surco arado en el campo. Colombia necesita más de esta “justicia con botas” y menos trámites de escritorio.
